El presidente Javier Milei vetó por completo los tres proyectos de ley de contenido social aprobados recientemente por el Congreso: el que proponía un aumento para jubilados, el que reinstauraba la moratoria previsional y el que declaraba la emergencia nacional en discapacidad.
La decisión fue formalizada este lunes mediante el Decreto 534/2025, publicado en el Boletín Oficial. En los considerandos, el Poder Ejecutivo calificó las iniciativas como “fiscalmente irresponsables” por no incluir fuentes concretas de financiamiento, y argumentó que contravienen la Ley de Administración Financiera.
Dos razones clave detrás del veto
El decreto presidencial plantea dos fundamentos principales para rechazar los proyectos:
- Impacto fiscal elevado: Según el Gobierno, de convertirse en ley, las medidas sumarían un gasto de más de 7 billones de pesos en 2025 y alrededor de 17 billones en 2026. Esto implicaría casi el 1% del PBI de este año y el 1,68% del próximo, cifras que –sostienen– comprometerían las metas de equilibrio fiscal del Ejecutivo, consideradas “innegociables”.
- Cuestionamientos al procedimiento legislativo: El Gobierno también objetó cómo se trataron los proyectos en el Senado. Asegura que la sesión del 10 de julio no fue convocada de manera adecuada y que se habilitó el debate con una mayoría simple cuando, según su interpretación, se necesitaban dos tercios. Por eso, considera que el trámite parlamentario fue inválido.
Qué decían los proyectos vetados
- Jubilaciones: Establecía un aumento de emergencia del 7,2%, un bono mensual de $110.000 (ajustable) y recursos para las cajas previsionales provinciales no transferidas.
- Moratoria previsional: Permitía, por dos años, que personas sin los 30 años de aportes puedan acceder a la jubilación mediante un plan de pagos. También flexibilizaba el acceso a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
- Emergencia en discapacidad: Declaraba la emergencia hasta 2026, creaba una nueva pensión no contributiva, y planteaba una compensación económica extraordinaria para los prestadores del sistema.
Qué pasa ahora
Con el veto presidencial ya oficializado, el Congreso tiene la posibilidad de insistir en la sanción de los proyectos, pero necesitará para ello una mayoría de dos tercios en ambas cámaras, algo que la oposición buscará construir en las próximas semanas.
