En el marco de una investigación iniciada meses atrás, el Gobierno nacional removió a más de 60 funcionarios de la Procuración del Tesoro de la Nación, el organismo responsable de defender los intereses del Estado argentino en litigios judiciales clave, como el que se lleva adelante en Nueva York por la expropiación de YPF.
La decisión, justificada oficialmente como parte de un proceso de “reestructuración orientado a mejorar la eficiencia”, ocurre en un contexto de alta preocupación dentro de la Casa Rosada. Según fuentes oficiales, se detectaron posibles filtraciones de información sensible que habrían beneficiado a los estudios jurídicos que representan a los demandantes en el juicio por la estatización de la petrolera.
El caso, que tiene como figura central a la jueza Loretta Preska, ya derivó en una sentencia que condena al Estado argentino a pagar 16.100 millones de dólares, el monto más alto al que se haya enfrentado la Argentina en este tipo de litigios. Actualmente, el equipo legal nacional intenta frenar la ejecución de la orden que exige ceder el 51% de las acciones de YPF a los demandantes.
En paralelo, el Gobierno de Estados Unidos —bajo la administración de Donald Trump— decidió intervenir como amicus curiae, un mecanismo legal que le permite a un país extranjero presentar su posición en un litigio internacional. Esta participación fue valorada por el Ejecutivo argentino como un respaldo clave en la causa.
La Procuración, que depende del Ministerio de Justicia, no confirmó oficialmente la existencia de filtraciones. Sin embargo, distintos funcionarios reconocen que el malestar del presidente Javier Milei con la estrategia judicial adoptada es significativo. En el Ministerio de Economía y otras áreas del Gobierno también se sospecha de fugas de información que habrían favorecido al fondo Burford Capital, demandante en la causa.
Como parte de la reestructuración, la Procuración reducirá de seis a cuatro sus Direcciones Nacionales y cerrará la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado, cuyas funciones serán asumidas por una nueva unidad con menos personal. También se eliminan cargos jerárquicos considerados innecesarios, se reorganizan áreas con funciones superpuestas y se limita el gasto en comitivas y viajes oficiales.
El titular del organismo, Santiago Castro Videla, por el momento continuará en su cargo. Su permanencia está vinculada, según trascendió, a su cercanía con Santiago Caputo, uno de los asesores de mayor confianza del presidente Milei.
El nombramiento de Castro Videla generó polémica desde un inicio. De acuerdo con información publicada por el diario Clarín, el funcionario integra un estudio jurídico que habría colaborado con los demandantes en el juicio contra el Estado argentino. Su socio, el constitucionalista Alberto Bianchi, fue convocado por el fondo Burford como experto para explicar el funcionamiento del sistema legal argentino durante el proceso judicial.
En las últimas horas, la Procuración informó que la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York concedió una suspensión temporal sobre la orden de la jueza Preska. Esta decisión frena, de manera provisoria, la entrega del paquete accionario estatal en YPF mientras se analiza la apelación argentina.
La suspensión permanecerá vigente hasta que el tribunal determine si otorga o no una medida definitiva, en lo que representa un alivio transitorio para el Estado argentino frente a un litigio de enormes implicancias económicas y políticas.
