martes, abril 28, 2026
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Universidades argentinas en paro por veto a la Ley de Financiamiento: estudiantes mantienen la lucha y el gobierno refuerza el control

Este jueves las universidades argentinas se paralizarán por 24 horas en protesta contra el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario. La medida, impulsada por el Frente Sindical de Universidades Nacionales, responde al rechazo de la Cámara de Diputados al proyecto de ley presentado por la UCR y Unión por la Patria.

«Hemos sido privados de la herramienta de la Ley de Financiamiento Universitario«, denuncia el gremio, mientras estudiantes de la UBA mantienen las tomas en facultades como Exactas, Derecho, Medicina, FADU, Ingeniería, Sociales, Psicología y Filosofía y Letras, exigiendo la aprobación de la ley.

En un giro inesperado, el gobierno ha dado un paso hacia un mayor control sobre las universidades. El Procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, firmó un dictamen para que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) actúe como órgano auditor de las universidades nacionales.

Este nuevo sistema de control, según Barra, se basa en la ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156, y se aplica a las universidades nacionales.

La decisión, que fue comunicada al Ministerio de Capital Humano, responde a una solicitud de legisladores del PRO y el MID en el marco de las mesas conjuntas que funcionan en Casa de Gobierno.

Hasta ahora, solo la Auditoría General de la Nación (AGN) tenía la facultad de auditar las universidades, un organismo que actualmente está encabezado por Juan Manuel Olmos, dirigente peronista y vicejefe de Gabinete durante el gobierno de Alberto Fernández.

El dictamen de Barra sostiene que «el ejercicio de dicho control no contradice ni vulnera la autonomía funcional y la autarquía administrativa-financiera que les reconoce la Constitución Nacional«, argumentando que la aplicación de la ley de Administración Financiera no afecta la autonomía de las universidades.

La medida del gobierno, que se produce en el marco de la lucha por la Ley de Financiamiento Universitario, ha sido recibida con críticas por parte de las universidades, quienes consideran que este nuevo sistema de control afecta su autonomía.

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