La Mesa Directiva de la Convención Nacional de la UCR resolvió este lunes suspender preventivamente la afiliación partidaria de cuatro diputados nacionales que, representando al radicalismo, cambiaron su voto y respaldaron el veto presidencial a la ley de movilidad jubilatoria.
Los diputados sancionados son Mariano Campero, Martín Arjol, Luis Picat y Pablo Cervi. La medida fue aprobada por 10 votos contra 2, con el apoyo de Gastón Manes y Hernán Rossi, quienes encabezan la convención.
Sin embargo, el presidente del bloque de diputados de la UCR, Rodrigo de Loredo, buscará mantenerlos dentro del bloque, argumentando que «hay que sumar diputados, no podemos darnos el lujo de perderlos».
Se destaca que un quinto diputado, Federico Tournier, también votó a favor del veto, pero no fue sancionado ya que no es afiliado a la UCR, sino que pertenece a otro partido político.
El caso de otros dos diputados, Roxana Reyes y Gerardo Cipolini, también será investigado por el Tribunal de Ética partidario por ausentarse durante la votación, argumentando que estaban a favor del gobierno.
Las críticas a la decisión de los cuatro diputados sancionados provienen principalmente del sector del radicalismo del interior, quienes consideran que la decisión de apoyar el veto presidencial fue un grave error que daña la credibilidad del partido.
La diputada nacional de la UCR, Pamela Verasay, se manifestó en contra de la decisión de la mesa directiva, apuntando específicamente al presidente del Comité Nacional de la UCR, Martín Lousteau, quien apoyó la suspensión. Verasay considera que la decisión de la mesa directiva no refleja la voluntad de la sociedad ni las realidades territoriales del partido.
En medio de la polémica, De Loredo busca evitar la salida de los diputados sancionados del bloque, mientras que se espera que el Tribunal de Ética partidario investigue los casos de los cuatro diputados suspendidos y de los dos que se ausentaron durante la votación.
