En tiempos donde el mercado laboral se mueve con terreno inestable, el Gobierno avanza con una propuesta que podría cambiar cómo se entiende la indemnización por despido. La Comisión Nacional de Valores (CNV) lanzó una consulta pública para empezar a definir las reglas de un nuevo instrumento: los Productos de Inversión Colectiva de Cese Laboral, o PICs, una alternativa a la tradicional indemnización basada en la antigüedad del trabajador.
Este paso formal —publicado mediante la Resolución General 1066/2025— apunta a reglamentar cómo se implementarán estos fondos, previstos en el Decreto 847/2024, que plantea un sistema de ahorro durante la relación laboral, pensado para ser usado cuando esta se termine, sin importar el motivo del corte.
La propuesta es que estos productos tomen la forma de Fondos Comunes de Inversión (FCI) o Fideicomisos Financieros (FF), pero con nombre y apellido: tendrán que llevar “Cese Laboral” en su denominación.
¿Qué cambia con esto? Que los empleadores (y eventualmente los trabajadores) podrán hacer aportes regulares a estos fondos, que luego servirían para cubrir los costos de una desvinculación. La idea es que el dinero esté ahí, acumulado y disponible, sin necesidad de ir a juicio o esperar fallos largos para cobrar una indemnización.
Eso sí, no todo vale. Los fondos no podrán invertir en activos de los propios empleadores que aportan, y tendrán límites estrictos de concentración por sector (no más del 30% del total del fondo en una sola industria). Para el caso de los Fideicomisos, el contrato tendrá que detallar qué pasa con el dinero en distintos tipos de salida laboral.
Como parte de la simplificación, los Fideicomisos no estarán obligados a pasar por los trámites habituales de aprobación para salir al mercado. Les bastará con mostrar que la empresa lo difundió entre sus empleados.
La consulta pública ya está abierta y durará 15 días hábiles. Cualquier ciudadano o actor del mercado puede enviar opiniones o sugerencias a través del sitio web oficial de la CNV. En los anexos de la resolución figura el formulario para participar.
Detrás de esta movida hay una lógica clara: llevar parte de la indemnización al mercado de capitales, con el argumento de que allí el dinero puede rendir más y estar disponible sin conflictos legales. ¿Una modernización del sistema o una manera de esquivar responsabilidades patronales? El Gobierno lo plantea como un cambio estructural. Pero la gran incógnita —por ahora sin respuesta— es qué opinan los sindicatos, que históricamente han defendido con uñas y dientes el régimen tradicional.
