El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 declaró la inconstitucionalidad del Decreto 759/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo pretendía condicionar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. Con esta resolución, firmada por el juez Martín Cormick, la Justicia hizo lugar al amparo colectivo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional y la Universidad de Buenos Aires (UBA).
El fallo ordena al Ejecutivo el cumplimiento inmediato de la normativa aprobada por el Congreso, exigiendo el dictado de las normas reglamentarias necesarias para garantizar los giros presupuestarios destinados al funcionamiento de las casas de altos estudios y la recomposición salarial de docentes y personal no docente.
En sus fundamentos, el magistrado sostuvo que el decreto en cuestión funcionó como un «mecanismo extraconstitucional» no previsto en la Constitución Nacional, tras el rechazo legislativo al veto presidencial. Asimismo, el texto judicial desestimó los argumentos sobre un eventual descalabro financiero, recordando que el impacto estimado por la Oficina de Presupuesto del Congreso para el período 2025 representaba aproximadamente un 0,23% del PBI nominal proyectado.
