La Justicia Federal frenó de un manotazo la difusión de audios atribuidos a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del presidente, grabados en forma clandestina y filtrados por el canal Carnaval Stream. El Gobierno, que denunció una “operación de inteligencia ilegal”, celebró la medida casi como un acto de fe: el tribunal lo justificó bajo el rótulo de “protección de la privacidad institucional”.
Pero la pregunta se impone: ¿privacidad o mordaza? El fallo destila dudas constitucionales y proyecta un eco incómodo: ¿es un escudo legítimo o una advertencia judicial que amenaza la libertad de expresión?
Un precedente infame: Tato Bores y la jueza Servini
El 10 de mayo de 1992, la jueza María Servini de Cubría consiguió que la Cámara de Apelaciones prohibiera mencionar su nombre en el programa Tato de América. Ni había visto el sketch, pero clamó por injuria y logró lo imposible: censura previa. En pantalla, aparecieron placas negras con la leyenda “Censura judicial”.
La respuesta fue memorable: artistas y músicos como Spinetta, Soda Stereo, Darín, Susana Giménez, León Gieco o Patricia Sosa cantaron en vivo “La jueza Barú Budú Budía es lo más grande que hay”. El ridículo se volvió símbolo de resistencia. En septiembre, la Corte Suprema tumbó la medida: la sátira, aunque incómoda, es expresión democrática; la censura previa, en cambio, viola el artículo 14 de la Constitución y el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica.
El fallo de 2025: un déjà vu constitucional
El reciente freno a los audios de Karina Milei reproduce ese patrón oscuro. Choca con:
- Artículo 14 de la Constitución: derecho a publicar ideas sin censura previa.
- Artículo 32: prohibición de cercenar la libertad de imprenta.
- Artículo 75, inciso 22: jerarquía constitucional del Pacto de San José, que rechaza toda censura previa.
La Corte Interamericana ha sido categórica: sólo un “peligro real e inminente” o un daño irreparable justifican restricciones. Los audios —charlas políticas, no delitos— no cumplen esos requisitos. La propia Corte Suprema argentina, en Editorial Perfil (2011), falló que el interés público prevalece sobre la privacidad de funcionarios de alto rango.
Casos comparados: lecciones que pesan
- Estados Unidos, 1971: en New York Times v. United States, la Corte permitió publicar los Pentagon Papers porque no había prueba de un daño irreparable.
- Malasia, 2025: se recordó que las restricciones deben ser proporcionales y no clausurar el debate público.
Ambos antecedentes marcan la misma dirección: la censura previa no es compatible con la democracia.
Política y sociedad: un retroceso peligroso
El vocero presidencial Manuel Adorni denunció una “operación de inteligencia ilegal” y habló de complot. El discurso recuerda demasiado a los viejos años del menemismo, cuando se acusaba a la prensa de “operaciones” para justificar controles.
El problema es mayor: la decisión judicial cercena el derecho ciudadano a conocer qué ocurre en la Casa Rosada. Y cuando el poder en cuestión es el de Karina Milei, figura clave en el círculo presidencial, ese derecho pesa el doble.
El pueblo exige su voz
La historia enseña: cada intento de mordaza genera más resistencia. Tato Bores lo demostró en 1992, y la Corte Suprema lo ratificó en 2010 y 2011. Hoy el desafío se repite.
