Tras la aprobación de una serie de proyectos en el Senado con respaldo opositor, el presidente Javier Milei confirmó que vetará las iniciativas y deslizó la posibilidad de judicializar las leyes si el Congreso insiste con su sanción. Sin embargo, especialistas en derecho constitucional aseguran que esa alternativa carece de sustento legal.
Entre los proyectos aprobados este jueves figuran el aumento de las jubilaciones, la declaración de la emergencia en discapacidad, la extensión de la moratoria previsional y la media sanción de dos propuestas impulsadas por gobernadores: la distribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y el impuesto a los combustibles líquidos.
Las iniciativas fueron avaladas con mayorías amplias —algunas por más de dos tercios de los votos—, lo que implica que, en caso de veto presidencial, el Congreso podría insistir y convertirlas en ley sin necesidad de la firma del Ejecutivo.
En este contexto, Milei sostuvo: “¿Saben qué? Vamos a vetar. Si el veto se mantiene, no varía el gasto público. (…) La otra alternativa es que no consigamos los números para defender el veto porque el germen socialista avanza sobre el cerebro de la gente. Pero si el veto se cae, lo vamos a judicializar”.
Sin embargo, juristas consultados por distintos medios afirmaron que esa opción no es viable. El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez señaló que “la insinuación de Milei de llevar a la Justicia una ley sancionada por el Congreso no tiene fundamento constitucional y desconoce el funcionamiento del sistema republicano”. Y agregó: “Sería absurdo que el Estado Nacional demande al Estado Nacional”.
En la misma línea, el abogado Diego Armesto explicó que “es imposible judicializar un acto constitucional como la sanción de una ley. Además, si el Presidente admite que vetará, está reconociendo el proceso legal”.
Para el especialista en Derechos Humanos Mariano Bar, una demanda del Ejecutivo tampoco tendría sustento: “La Corte Suprema no actúa como órgano asesor. Su función es resolver casos concretos, no interpretar leyes a pedido del Poder Ejecutivo”.
Bar recordó un antecedente similar durante la pandemia, cuando Cristina Fernández de Kirchner solicitó a la Corte un aval para sesionar de manera virtual. En ese momento, el tribunal rechazó intervenir por unanimidad, al considerar que no existía un “caso o controversia” que justificara su intervención.
Mientras el presidente anticipa el veto y deja abierta una puerta judicial que los especialistas descartan, el Congreso se fortalece como contrapeso. Los bloques opositores ya mostraron capacidad de articulación y, en algunos casos, reunieron el número suficiente para revertir la decisión del Ejecutivo.
