Un hombre identificado como M.E.M. fue imputado en Neuquén acusado de asesinar a golpes a su hijo de apenas 39 días de vida. La Justicia dispuso que permanezca detenido con prisión preventiva mientras avanza la investigación.
La imputación fue formulada este lunes por el fiscal Andrés Azar y la asistente letrada Carolina Gutiérrez, quienes atribuyeron al acusado haber golpeado a su hijo hasta provocarle la muerte.
El hecho
De acuerdo a la investigación preliminar del Ministerio Público Fiscal (MPF) y de la Policía provincial, el crimen ocurrió el sábado pasado entre las 6 y las 12.50 en la vivienda donde el hombre convivía con su pareja y sus otros hijos menores.
Según la acusación, el padre le aplicó “una gran cantidad de golpes de puño” al bebé. El informe preliminar de la autopsia, realizada por el Cuerpo Médico Forense, determinó que la víctima murió en el hospital de Centenario a causa de traumatismos en distintas partes del cuerpo, incluidos el cráneo y el abdomen.
“El conjunto de agresiones tuvo la entidad suficiente para provocarle la muerte”, precisó el fiscal en la audiencia.
La situación de la madre
En cuanto a la madre del bebé, el fiscal explicó que es sospechosa de algún grado de participación, aunque por el momento no fue imputada. Sí se le designó un abogado defensor.
La mujer había declarado que el niño murió tras caerse de los brazos de su padre, pero los golpes que presentaba el cuerpo no eran compatibles con esa versión.
Testimonios recogidos por el MPF también señalaron que la madre y los niños convivían en un contexto de violencia familiar ejercida por el acusado.
La defensa y la cautelar
En la audiencia, el imputado negó los cargos y sostuvo que se trató de un accidente: “Fue un descuido; jamás le pegué a mis hijos”, declaró.
Pese a ese planteo, el juez de garantías Marco Lupica Cristo avaló la formulación de cargos por homicidio agravado por el vínculo y descartó, al menos de manera provisoria, que se tratara de negligencia.
Como medida cautelar, dispuso que el acusado cumpla prisión preventiva durante cuatro meses, plazo fijado también para la investigación. La decisión se fundó en el riesgo de entorpecimiento de la causa, posibles amenazas a testigos y peligro de fuga.
