miércoles, mayo 6, 2026
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La lucha de Rodrigo de Loredo: no expulsarán a los diputados que votaron por el veto a la ley de movilidad jubilatoria

Pese a la presión de un grupo de legisladores radicales que reclaman su expulsión inmediata, los cinco diputados que cambiaron su voto en la sesión por la ley de movilidad jubilatoria permanecerán, al menos por ahora, en el bloque que preside Rodrigo de Loredo.

Mariano Campero, Martín Arjol, Pablo Cervi y Federico Tournier, quienes fueron suspendidos de la Convención Radical por votar a favor del veto presidencial, manifestaron su intención de continuar en el bloque. Luis Picat, ausente por motivos familiares, también busca permanecer.

Para evitar la purga, los diputados -excepto Campero- se ausentaron al agasajo que el presidente Javier Milei ofreció en la Casa Rosada a los diputados que apoyaron el veto. Esta acción, aunque no calmó la furia de quienes buscan su expulsión, parece haber dado un respiro a De Loredo, quien busca evitar una sangría en su bloque tras la renuncia del entrerriano Pedro Galimberti.

La decisión de los diputados de votar en contra de un proyecto del radicalismo, con un cambio radical de postura respecto a la sesión del 5 de junio, ha generado un profundo malestar dentro del partido. Fernando Carbajal, uno de los legisladores más críticos, acusó a De Loredo de «falta de conducción» al permitir que los diputados «se hicieran oficialistas».

Mientras tanto, la Convención Nacional de la UCR resolvió suspender preventivamente la afiliación partidaria de cuatro diputados: Campero, Arjol, Cervi y Picat. Tournier, extrapartidario que responde al gobernador de Corrientes, quedó fuera de las medidas disciplinarias.

La Mesa Directiva de la Convención Nacional también elevó al Tribunal de Ética los casos de Roxana Reyes y Gerardo Cipolini, quienes se ausentaron en la votación de la ley de movilidad jubilatoria tras defender la postura del Gobierno.

Otro caso controversial es el de Galimberti, quien renunció a su banca días antes de la sesión de la ley jubilatoria para asumir un cargo en la Comisión Mixta Técnica de la represa de Salto Grande, ofrecido por el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio. Esta renuncia le dio un voto al bando que buscaba blindar el veto presidencial.

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