El Poder Ejecutivo oficializó la promulgación de la Ley 27.793, que declara la Emergencia Nacional en Discapacidad, aunque al mismo tiempo dejó en suspenso su entrada en vigencia. La medida quedó establecida en el Decreto 681/2025, donde se aclara que la norma sólo podrá ejecutarse cuando el Congreso incorpore partidas presupuestarias y fuentes de financiamiento específicas.
La Casa Rosada fundamentó la decisión en el artículo 5° de la Ley 24.629 —que suspende la aplicación de toda ley con impacto fiscal hasta que se asignen recursos— y en el artículo 38 de la Ley 24.156, que exige detallar las fuentes de financiamiento de cualquier gasto público.
El Ejecutivo recordó además que el Presupuesto 2026, enviado al Parlamento el 15 de septiembre, será la instancia en la que se definan las partidas necesarias para cubrir la nueva política. La norma había sido vetada en agosto mediante el Decreto 534/25, pero el Congreso revirtió la decisión con mayorías especiales en ambas cámaras, lo que obligó a su promulgación el 8 de septiembre.
Puntos centrales de la ley
- Declara la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga por un año.
- Crea una Pensión No Contributiva por Discapacidad equivalente al 70% del haber mínimo, con actualización automática, compatibilidad laboral limitada y conversión de oficio de las pensiones vigentes.
- Garantiza la cobertura de salud a través del Programa Incluir Salud y las prestaciones de la Ley 24.901.
- Declara de interés público a los prestadores de servicios bajo la Ley 24.901, fija un mecanismo de compensación transitoria por la pérdida arancelaria frente al IPC y establece aranceles únicos con movilidad mensual.
- Amplía a tres años la reducción del 50% de contribuciones patronales para empleadores de personas con discapacidad.
- Fortalece las facultades de la ANDIS en materia de certificación, auditorías e informes de ejecución.
Impacto fiscal estimado
Según cálculos del propio Ejecutivo, la implementación plena de la ley demandaría en 2025 más de $3 billones (0,35% del PBI). De ese monto, la mayor parte corresponde a las nuevas pensiones no contributivas ($2,1 billones), seguidas por el Programa Incluir Salud ($574 mil millones) y la compensación a prestadores ($278 mil millones). El Gobierno advirtió que los créditos disponibles fuera de “Servicios Sociales” apenas alcanzan $2,3 billones, cifra insuficiente para cubrir la totalidad de las erogaciones.
Qué queda suspendido
Hasta que se incorporen las partidas en el Presupuesto, no se aplicarán las altas de la nueva pensión ni las conversiones automáticas, tampoco la compensación a prestadores ni la movilidad arancelaria, ni el refuerzo operativo de la ANDIS.
