El gobierno argentino, encabezado por Javier Milei, renovó por tres meses los contratos de aproximadamente 40.000 empleados públicos nacionales, quienes deberán aprobar un examen de idoneidad para lograr mayor estabilidad laboral.
Esta medida, que se enmarca en la política de revisión del empleo público, afecta a trabajadores contratados bajo el artículo 9° de la Ley Marco de Regulación del Empleo Público Nacional.
Si bien el gobierno afirma que se trata de la última prórroga, la ATE denuncia que la cifra de afectados supera los 55.000, incluyendo monotributistas y trabajadores de organismos cooperadores, como Acara, cuyos contratos no serán renovados. Se reportan ya despidos en diferentes organismos públicos.
Simultáneamente, el gobierno publicó dos decretos que congelan la planta de personal público y limitan nuevas contrataciones, estableciendo que cualquier incorporación requerirá la baja previa de tres empleados.
El examen de idoneidad será obligatorio a partir de marzo de 2025 para nuevos ingresos al sector público y empresas con mayoría accionaria estatal.
