Esta semana, Argentina hará una nueva jugada legal para evitar que se avance con la entrega de acciones de YPF, en el marco del juicio por la expropiación de la petrolera. El objetivo: sostener la suspensión del fallo ordenado por la jueza Loretta Preska.
El equipo legal del país presentará este martes 22 de julio un escrito ante la Corte de Apelaciones del segundo circuito de Nueva York. Allí expondrá sus argumentos para que se mantenga la pausa en la ejecución de la sentencia mientras dure el proceso de apelación de fondo. Hasta ahora, la suspensión solo rige por el tiempo que tardan en resolverse las presentaciones preliminares.
Giro en la postura de los beneficiarios
En un cambio de postura, los beneficiarios del fallo —que obliga a Argentina a pagar US$16.100 millones— aseguraron recientemente que no tienen intención de quedarse con las acciones de YPF. Sin embargo, exigen que el país deposite una garantía como condición para seguir adelante con la apelación.
Este giro ocurre luego del respaldo legal del propio gobierno estadounidense a la posición argentina, a través de un documento de tipo amicus curiae presentado ante el tribunal. Este apoyo abrió una oportunidad para que el país encare el proceso de apelación desde un escenario más favorable.
Qué está en juego
Si la Corte de Apelaciones rechaza el pedido argentino, el fallo de Preska volverá a estar activo. Esto obligaría al Estado nacional a cumplir con la entrega de las acciones, con el riesgo adicional de ser declarado en desacato por desobedecer un mandato judicial.
Aunque el desacato no suele aplicarse a Estados nacionales, su declaración podría tener consecuencias económicas: multas, daño a la credibilidad internacional y dificultades de acceso al financiamiento externo.
El gobierno apuesta a que el nuevo contexto jurídico y el cambio en la estrategia de los demandantes le permitan ganar tiempo y evitar decisiones que impacten de inmediato en los mercados.
