Este lunes, la jueza Loretta Preska deberá resolver si le concede a la República Argentina la suspensión de la sentencia que ordena entregar el 51% de las acciones de YPF a los fondos de inversión que demandaron al país por la expropiación de la petrolera.
El pasado jueves, el Gobierno nacional presentó una apelación ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, según informó Sebastián Maril, especialista que sigue de cerca el caso en los tribunales estadounidenses.
En su escrito, la defensa argentina anticipa que, de ser necesario, el caso podría llegar hasta la Corte Suprema de Estados Unidos. Entre los argumentos principales, el país sostiene que la sentencia de Preska vulnera el derecho federal, la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA) y principios de cortesía internacional.
También se menciona una Declaración de Interés emitida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en tiempos de la administración de Donald Trump, que habría sido interpretada como un respaldo a la posición argentina.
Por último, se advierte que la ejecución del fallo implicaría un “ejercicio inconstitucional de jurisdicción extraterritorial”, según planteó la representación legal del país.
