El 19 de diciembre se publicó el Decreto N.º 2441, firmado por Gustavo Valdés un día antes de finalizar su mandato como gobernador. La norma dispone la creación de la Agencia Especial de Inteligencia, que funcionará bajo la órbita del Ministerio de Seguridad, y establece su reglamento interno.
El decreto define la estructura y las atribuciones del nuevo organismo, que tendrá a su cargo tareas de inteligencia vinculadas al narcocrimen, delitos conexos y crimen organizado, en el marco de investigaciones judiciales.
Uno de los puntos centrales de la normativa es la creación de la Central de Inteligencia y Operaciones Especiales (CIOPE). Según el artículo 11, este cuerpo dependerá de la Subsecretaría de Inteligencia Criminal de Narco Crimen, Delitos Conexos y Crimen Organizado y será el encargado de ejecutar operaciones de campo en causas penales previstas en la Ley N.º 6.525, siempre bajo dirección y autorización judicial.
Entre sus funciones, el CIOPE podrá realizar allanamientos y derribos de bunkers, desarrollar tareas de investigación en zonas vulnerables y mercados abiertos, y aplicar técnicas especiales de investigación, conforme a lo establecido por la Ley N.º 6.725 y el Código Procesal Penal de Corrientes. Además, podrá intervenir en cualquier otra acción que requiera la autoridad judicial en causas vinculadas al crimen organizado.
El decreto también fija incompatibilidades para integrar este cuerpo. El artículo 14 establece que no podrán desempeñarse como funcionarios o miembros del CIOPE personas con antecedentes por crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad o violaciones a los Derechos Humanos, ni quienes estén condenados, acusados formalmente o inhabilitados por delitos dolosos.
Finalmente, la normativa señala que las áreas encargadas de recibir y procesar información deberán garantizar el secreto, la confidencialidad y la reserva de los datos, especialmente en lo referido a la identidad de los declarantes.
