Carlos Hugo Chiama, juez de Paz Barrial N°1 de la ciudad de Corrientes, será sometido a un proceso ante el Jurado de Enjuiciamiento, luego de una denuncia por acoso sexual y laboral presentada por la secretaria de su juzgado. El funcionario ya había sido suspendido de sus funciones a principios de mayo, tras una decisión del Consejo de la Magistratura provincial, que resolvió formular una acusación formal en su contra.
A través de la Resolución N° 36/25, el Consejo sostuvo que los hechos investigados “afectan derechos fundamentales de las víctimas y comprometen gravemente la confianza institucional”, y que existen elementos probatorios suficientes para avanzar hacia el enjuiciamiento del magistrado.
De acuerdo a lo que trascendió, la denunciante afirmó haber sufrido situaciones persistentes de acoso por parte del juez Chiama. Dada la gravedad del caso, el Consejo de la Magistratura resolvió llevar la acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento, que deberá evaluar la conducta del funcionario judicial.
El Sindicato de Trabajadores Judiciales de Corrientes (SITRAJ) expresó su preocupación y pidió que el proceso no sea suspendido ante eventuales trámites jubilatorios del acusado, tal como se especuló en los últimos días.
“Lo advertimos desde un principio: el acoso sexual en el ámbito laboral es una de las formas más crueles de violencia, y se agrava cuando quien lo ejerce abusa de su posición jerárquica”, señalaron desde el sindicato. Además, remarcaron que “la Justicia de Corrientes no está exenta de esta problemática que tanto afecta la salud integral de quienes trabajan en el Poder Judicial”.
Desde SITRAJ destacaron la importancia de que el caso avance y se esclarezca, y reclamaron una firme postura institucional: “El Poder Judicial debe ser ejemplo, y no puede tolerar la presencia de acosadores ni violentos, menos aún en cargos de magistratura. Las autoridades tienen la responsabilidad de garantizar entornos laborales justos, equitativos y libres de toda forma de violencia”.
En ese sentido, recordaron que el Convenio 190 de la OIT establece pautas claras para prevenir, abordar y erradicar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, incluyendo aquellos con base en el género.
El caso tiene alto impacto institucional, al tratarse de un juez acusado de comportamientos contrarios a los principios éticos que deben regir en el Poder Judicial. Si se comprueban los hechos, se trataría de una falta grave e incompatible con el ejercicio de la función pública.
