El debate oral por los escritos de Oscar Centeno se reanudará este jueves a las 9, con la lectura de uno de los tramos más contundentes del requerimiento fiscal en la causa por presunta recaudación ilegal de fondos durante los gobiernos kirchneristas.
Luego del fallido intento de recusación presentado por la defensa de Julio De Vido —que ocupó gran parte de la audiencia anterior—, el Tribunal Oral Federal Nº 7 avanzará con las últimas 47 páginas del tercer requerimiento de elevación a juicio. En ese apartado, la fiscalía expone la columna vertebral de su hipótesis: la existencia de un sistema organizado, estable y jerarquizado de recaudación ilegal operado desde el Ministerio de Planificación entre 2003 y 2015.
Un mecanismo dual de recaudación
La última parte del requerimiento aborda la valoración probatoria de los imputados colaboradores. Allí, la fiscalía sostiene que quedó acreditado un mecanismo dual de recaudación:
- Uno ejecutado por funcionarios que retiraban dinero directamente de las empresas.
- Otro articulado por intermediarios financieros, que reunían fondos mediante retornos pactados en las principales obras públicas del período.
La reconstrucción que se leerá este jueves en la séptima audiencia no solo describe la operatoria, sino también el comportamiento sistemático que se atribuye a los empresarios involucrados.
Qué viene
El análisis del Ministerio Público apunta a empresas como Panedile, Faraday, Secco y JCR, a las que acusa de haber pagado sumas ilegales “inducidas por la expectativa cierta de beneficios” en contrataciones, licitaciones, ampliaciones de plazos, certificaciones, pagos demorados y gestiones regulatorias. Caso por caso, el dictamen enlaza comunicaciones, movimientos de dinero, adjudicaciones y la presencia de funcionarios.
Hasta ahora, la lectura se había concentrado en describir hechos y actores. Lo que sigue es la explicación de cómo el fiscal Carlos Stornelli ensambló esos elementos para sostener su afirmación más fuerte: que existió una estructura delictiva centralizada cuyos circuitos —según la acusación— derivaban en el departamento de la calle Uruguay o en la Quinta de Olivos, donde el ex secretario de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, habría recibido los fondos en representación de las máximas autoridades del Poder Ejecutivo.
También está previsto que se lea el tramo dedicado a Roberto Baratta, señalado por la fiscalía como la “pieza operativa clave” del circuito de recaudación, por su rol como nexo permanente entre empresarios, intermediarios y otros funcionarios involucrados.
