La jueza federal de Nueva York, Loretta Preska, desestimó este lunes el pedido del Gobierno argentino para suspender provisionalmente su fallo que obliga a transferir el 51% de las acciones de YPF a los beneficiarios del juicio por la expropiación de la petrolera.
La decisión fue difundida por el analista Sebastián Maril a través de sus redes sociales, donde sigue de cerca el caso.
El Ejecutivo nacional había solicitado un “stay”, es decir, una pausa en la aplicación del fallo, mientras continúa su estrategia judicial en tribunales de Estados Unidos. Sin embargo, la magistrada mantuvo su postura y dejó vigente la sentencia que impone una indemnización de 16.000 millones de dólares.
Desde la Casa Rosada ya habían anticipado que agotarán todas las instancias posibles, incluso recurriendo a la Corte Suprema de Estados Unidos si los recursos actuales no prosperan.
En sus presentaciones judiciales, el Estado argentino alega que la orden de Preska infringe la legislación federal estadounidense, la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA), así como normas de derecho internacional. También menciona como antecedente favorable la postura del Departamento de Justicia norteamericano durante el gobierno de Donald Trump, que expresó interés en el caso.
Entre los planteos, se denuncia además un “uso inconstitucional de jurisdicción extraterritorial”.
La semana pasada, el Gobierno había apelado formalmente la sentencia, mientras la jueza había abierto la puerta a una negociación. Pero con esta nueva resolución, Preska habilitó la continuidad de las acciones que había ordenado previamente.
