Mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 340/2025, el gobierno de Javier Milei impuso nuevas restricciones al derecho a huelga, al ampliar el listado de actividades consideradas esenciales, que deben garantizar un mínimo de funcionamiento durante conflictos sindicales.
La normativa, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, establece que los servicios esenciales deberán mantener al menos un 75% de su funcionamiento habitual, mientras que aquellos catalogados como “de importancia trascendental” no podrán operar por debajo del 50%.
“En ningún caso se podrá negociar o imponer a las partes una cobertura menor al 75%”, señala el artículo 3 del decreto respecto a los servicios esenciales. Para las actividades de importancia trascendental, la prestación mínima deberá ser del 50%.
Ampliación del concepto de «servicio esencial»
Hasta ahora, el concepto de servicios esenciales incluía áreas como la salud hospitalaria, el suministro de agua potable, energía eléctrica y control aéreo. Con el nuevo DNU, se incorporan sectores clave como:
- Transporte y distribución de medicamentos e insumos hospitalarios
- Servicios farmacéuticos
- Producción y comercialización de combustibles y energía
- Telecomunicaciones, incluyendo internet y comunicaciones satelitales
- Servicios aduaneros y migratorios
- Educación en niveles inicial, primario, secundario y educación especial
- Transporte marítimo y fluvial, y todas las operaciones portuarias (dragado, remolque, balizamiento, etc.)
También se extiende a actividades vinculadas al comercio exterior y a guarderías y cuidado de menores, lo que genera un impacto transversal sobre el derecho a huelga en múltiples sectores laborales.
Repercusiones y rechazo sindical
El decreto fue firmado por Milei y su gabinete, incluyendo a Federico Sturzenegger (Desregulación del Estado) y a Sandra Pettovello (Capital Humano), en el marco de un paquete de medidas que busca profundizar la desregulación estatal.
Uno de los primeros en pronunciarse fue el secretario general de la CTA Autónoma, Hugo “Cachorro” Godoy, quien expresó su rechazo:
“Esta nueva ofensiva autoritaria representa un ataque directo a derechos consagrados en la Constitución. No lo vamos a permitir”, escribió en X (antes Twitter).
Godoy también recordó que el DNU 70/2023 —donde el gobierno ya había intentado avanzar con reformas similares— fue declarado inconstitucional por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en dos instancias, lo que podría anticipar nuevos desafíos judiciales para esta norma.
