El presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunciaron este martes una profunda reforma de la Policía Federal Argentina (PFA), que incluye la posibilidad de realizar requisas y detenciones sin orden judicial y tareas de vigilancia preventiva en espacios públicos y digitales. La medida, formalizada por decreto y publicada en el Boletín Oficial, busca reconvertir a la fuerza en un cuerpo de élite abocado a delitos complejos, siguiendo el modelo del FBI estadounidense.
“Hemos decidido reformar la histórica Policía Federal Argentina y reconvertirla en una fuerza principalmente abocada a la investigación criminal”, expresó Milei en un acto realizado en la sede del Cuerpo de Policía Montada, en Palermo. Durante el anuncio también se oficializó la creación del Departamento Federal de Investigaciones (DFI), que centralizará la persecución del crimen organizado.
Según el nuevo estatuto, la PFA podrá realizar requisas sin orden judicial en casos en que existan indicios razonables de que una persona oculta elementos vinculados a un delito, siempre que haya riesgo de pérdida de pruebas o que la medida se realice en espacios públicos y dentro de operativos de prevención. De forma similar, se autoriza la detención de personas sin intervención judicial ante presunción fundada de comisión de delitos y en caso de que no puedan acreditar su identidad.
El decreto también amplía las tareas de inteligencia preventiva al ámbito digital: la PFA podrá monitorear redes sociales abiertas, sitios web públicos y otras fuentes digitales sin autorización judicial, “conforme a los principios rectores que establezca la autoridad competente”.
La ministra Bullrich sostuvo que la nueva PFA será una “fuerza de investigación profunda” y que se buscará evitar que “narcotraficantes y criminales se muevan por el país como si nada pasara”. En tanto, Milei afirmó: “Vamos a aprender de Estados Unidos, de Israel y de los mejores, para poner a nuestra Policía en línea con los estándares internacionales”.
La reforma fue presentada en un contexto de fuerte tensión política, horas después de que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner recibiera prisión domiciliaria por la condena en la causa Vialidad, lo que provocó movilizaciones y reacciones en sectores del peronismo.
