El presidente Javier Milei ha ordenado acelerar el proceso de privatización de empresas estatales, según fuentes cercanas al gobierno. La Agencia de Transformación de Empresas Públicas, dirigida por Diego Martín Chaher, está evaluando 59 compañías para definir su futuro.
El gobierno sostiene que la política de privatización busca reducir el control estatal, «cerrar una fuente de ingresos de los políticos corruptos» y evitar que empresas rentables se conviertan en deficitarias por la intervención política.
El proceso contempla seis posibles destinos para las compañías: privatización por medio de una Oferta Pública Inicial (IPO), concesión, transformación, cesión a las provincias, cierre o asociación con socios estratégicos.
Se han planteado tres fases: definición, preparación y ejecución. El proceso completo podría completarse en 6 a 8 meses.
Entre las empresas que podrían pasar al sector privado se encuentran:
- Aerolíneas Argentinas
- Intercargo
- ARSAT
- AySA
- ENARSA
- Fabricaciones Militares
- Banco Nación
- Banco Hipotecario
Cada empresa es evaluada caso por caso, considerando su viabilidad económica, oportunidades de negocio y el interés para potenciales inversores.
En el caso de AySA, el gobierno busca un operador fuerte que asuma la gestión y que pueda abrir su capital en la Bolsa. ARSAT ha anunciado la intención de privatizar hasta el 49% de su capital accionario para 2025.
La privatización de Aerolíneas Argentinas es un tema delicado. Aunque el gobierno considera inviable una privatización total a corto plazo, se evalúan áreas específicas para transferir al sector privado, como los servicios de tierra o parte de la flota. Se han mantenido conversaciones con la provincia de Córdoba, que ha mostrado interés en la flota de Embraer (antigua Austral) para crear una aerolínea provincial.
El gobierno sostiene que las privatizaciones son un paso crucial para la modernización y eficiencia del aparato estatal. Afirma que incluso empresas actualmente rentables, como Aerolíneas, corren el riesgo de volverse deficitarias si permanecen bajo control público.
Se destaca la rentabilidad esperada para las empresas privatizadas, que tendrían un gran potencial de generar ingresos si se gestionan de manera eficiente desde el sector privado. La venta de activos y la apertura de capital a inversores estratégicos permitirían optimizar los recursos y evitar el gasto estatal en subsidios.
Las medidas generan controversia, con algunos sectores a favor y otros en contra. Queda por ver cómo se desarrollará el proceso de privatización y qué impacto tendrá en la economía y la sociedad argentina.
