La fiscalía federal que investiga por violencia de género al expresidente Alberto Fernández suspendió la declaración de dos testigos, empleadas de la quinta de Olivos, porque antes llegó un planteo de la querella de la exprimera dama Fabiola Yáñez.
El planteo de la querella es una posible violación al deber de confidencialidad que se firma cuando se entra a trabajar a la residencia presidencial.
El fiscal Ramiro González resolvió, en cambio, citar ayer a declarar como testigo al escribano que firmó actas en las que testigos de la defensa expusieron de forma privada en su escribanía. Esas actas se guardaron en sobres cerrados y así le fueron entregadas a la Justicia.
En el escrito que presentó la abogada de Yáñez, Mariana Gallego, se cuestiona la legalidad de las testimoniales que propuso Fernández porque la exprimera dama no las relevó de su deber de guardar confidencialidad. En principio, se trata apenas de un tecnicismo que, según fuentes judiciales, se podría destrabar.
