La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) presentó este martes un informe en el que concluye que la gestión libertaria de Javier Milei fue la que más Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) emitió en comparación con los últimos cuatro gobiernos nacionales. Según el relevamiento, el Ejecutivo actual transformó una herramienta “excepcional” en una “práctica institucional naturalizada” destinada a “regular las más diversas situaciones jurídicas”.
El estudio, titulado “De la excepción a la regla”, analizó el uso de los DNU entre 2011 y 2024, abarcando las presidencias de Cristina Fernández de Kirchner (2011-2015), Mauricio Macri (2015-2019), Alberto Fernández (2019-2023) y Javier Milei (2023-2024). En ese período, el libertario encabezó la lista con 50 DNU en su primer año de gestión, seguido por Alberto Fernández (44,25 por año), Macri (17,5) y Kirchner (11,75).
La organización señaló que, si bien el uso de esta herramienta está contemplado en el artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional, “la excepción se ha vuelto la regla”. “El uso y abuso de esta prerrogativa viene siendo el eje de profundas objeciones en la academia, la política y la sociedad civil”, sostuvo la ACIJ, y advirtió que el debate sobre su legitimidad “entra y sale de la agenda pública” según el momento político.
En la presentación del informe participaron el diputado de Encuentro Federal Esteban Paulón, la senadora nacional Guadalupe Tagliaferri (PRO), el juez de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal Guillermo Treacy, la fundadora de la Asociación Civil de Estudios Constitucionales Lorena González Tocci, y los representantes de la ACIJ Patricio Méndez Montenegro y Celeste Fernández.
De acuerdo con los datos del estudio, durante sus mandatos Cristina Fernández dictó 47 DNU, Mauricio Macri 70, Alberto Fernández 177 y Javier Milei 50. En el mismo período, se sancionaron 1.058 leyes, lo que implica que por cada tres leyes se firmó un DNU.
Finalmente, la ACIJ destacó que de los 344 decretos emitidos entre 2011 y 2024, solo uno fue rechazado por ambas Cámaras del Congreso, lo que “evidencia la dificultad práctica del Poder Legislativo para ejercer las facultades de control” previstas en la Constitución.
