El Gobierno nacional, a través del decreto 6/2025 publicado en el Boletín Oficial, disolvió tres fondos fiduciarios: el Programa de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar (PRODAF), el Fondo Fiduciario del Servicio Universal (FFSU) y el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social.
La decisión se basa en auditorías de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) que detectaron irregularidades en su gestión, sumándose a otras 15 disoluciones previas por similares motivos.
El Fondo para la Vivienda Social, creado en 2017, presentaba irregularidades en proyectos financiados, falta de rendición de cuentas y obras rescindidas sin reintegro de fondos. El FFSU, creado por la Ley N° 27.078, mostró deficiencias en su gestión, falta de un plan estratégico y pérdidas en el poder adquisitivo de las inversiones.
Por su parte, el PRODAF, según la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, cumplió su objetivo y no registra desembolsos desde 2020, justificando su disolución. El gobierno argumenta que estas medidas buscan reestructurar la administración pública y optimizar la gestión de recursos estatales, garantizando mayor transparencia y eficiencia.
