El Senado de la Nación aprobó este jueves la Ley de Emergencia en Discapacidad, que estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026. La norma dispone una serie de medidas que impactan tanto en los beneficiarios de pensiones como en los prestadores de salud, con el objetivo de garantizar mayor cobertura y actualizar valores atrasados frente a la inflación.
Entre los puntos centrales de la iniciativa se destacan:
- La ley tendrá carácter de orden público y regirá en todo el país.
- Se actualizarán las prestaciones para compensar la pérdida sufrida por la inflación desde 2023 hasta la actualidad.
- El Estado deberá cancelar la deuda con los prestadores y garantizar la actualización mensual de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas según los índices del INDEC.
- Las pensiones no contributivas por discapacidad se fijarán en un 70% del haber mínimo jubilatorio.
- Los beneficiarios podrán trabajar, siempre que sus ingresos no superen dos salarios mínimos.
- El Poder Ejecutivo financiará con recursos del Tesoro una compensación de emergencia destinada a los prestadores.
Un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que el costo fiscal de la medida representará entre 1,8 y 3,6 billones de pesos, según la cantidad de nuevos beneficiarios que se incorporen, que oscilaría entre 493 mil y 946 mil personas.
Además, la norma establece que la Agencia Nacional de Discapacidad deberá realizar auditorías con criterios de equidad, transparencia y evaluación integral de la situación socioeconómica de cada beneficiario, garantizando notificaciones fehacientes, participación inclusiva y acceso a la información.
Por último, los empleadores que contraten a personas con certificado de discapacidad bajo la modalidad de tiempo indeterminado quedarán eximidos del pago del 50% de las contribuciones patronales y previsionales durante tres años.
