El presidente Javier Milei vetó este martes la ley que establecía la creación de un fondo especial de $200.000 millones para asistir a las localidades bonaerenses de Bahía Blanca y Coronel Rosales, afectadas por las inundaciones del pasado 7 de marzo. La decisión fue oficializada a través del Decreto 424/2025, con el argumento de que los recursos ya habían sido otorgados previamente.
Desde el Gobierno sostienen que la medida legislativa resulta redundante, dado que el 1° de abril ya se había dispuesto una asistencia equivalente mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia. Según detalló el vocero presidencial, Manuel Adorni, esa ayuda incluyó transferencias directas por $200.000 millones, $10.000 millones al municipio, tres líneas de financiamiento desde el Banco Nación, nueve vuelos con insumos y medicamentos, ambulancias, un hospital móvil y el despliegue de fuerzas federales que rescataron a 716 personas.
“Casi tres meses después, la casta política pretende hacer política con la tragedia aprobando en el Congreso un proyecto que se superpone con los recursos ya transferidos. Por eso el presidente Milei vetó la ley que duplicaba la asistencia ya dispuesta”, expresó Adorni a través de sus redes sociales.
El Congreso había aprobado la iniciativa por amplísima mayoría. El Senado la votó el 7 de mayo con 68 votos a favor, mientras que la Cámara de Diputados la convirtió en ley el 4 de junio con 153 votos positivos y 32 en contra, la mayoría de La Libertad Avanza. Ambas votaciones superaron los dos tercios, por lo que el Congreso podría insistir con su sanción original.
Entre los argumentos técnicos del veto, el Ejecutivo señaló que la ley no especifica la fuente de financiamiento para las erogaciones previstas, tal como exige el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera N° 24.156. En ese sentido, se indicó que “cualquier ley que autorice gastos no contemplados en el presupuesto debe establecer claramente cómo se financiarán”.
La ley vetada había sido impulsada por los senadores Juliana Di Tullio, Eduardo “Wado” de Pedro (Unión por la Patria) y Maximiliano Abad (UCR), con el objetivo de declarar la emergencia en ambas ciudades y asignar fondos extraordinarios para su reconstrucción.
