El Gobierno nacional oficializó este miércoles las adjudicaciones de la primera etapa de la Red Federal de Concesiones (RFC), dando inicio al proceso de privatización de rutas nacionales bajo la administración de Javier Milei. Esta fase inicial abarca 741 kilómetros de trazado estratégico que pasarán a manos de operadores privados y se financiarán exclusivamente mediante peajes, sin aportes del Estado.
La Resolución 80/2025 de la Secretaría de Transporte adjudicó dos segmentos clave. El Tramo Oriental quedó a cargo de Autovía Construcciones y Servicios S.A., que administrará las rutas nacionales 12, 14, 135, A015 y 117, atravesando Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes. En tanto, el Tramo Conexión fue otorgado a un consorcio integrado por Obring S.A., Rovial S.A., Edeca S.A., Pitón S.A. y Pietroboni S.A., e incluye el Puente Rosario–Victoria (RN 174), un enlace fundamental entre Entre Ríos y Santa Fe.
La Etapa I comprende más de 700 kilómetros asociados al corredor del Mercosur, un eje vital para el comercio exterior y la integración con Brasil y Uruguay. Este tramo conecta cuatro pasos fronterizos y permite el acceso directo a puertos y polos productivos del Gran Rosario, lo que, según el Gobierno, impulsará la logística y las exportaciones.
Desde Vialidad aclararon que, en fases futuras, la red concesionada superará los 9.000 kilómetros y operará sin subsidios públicos, a diferencia del esquema anterior mantenido con fondos estatales.
El Ejecutivo ya trabaja en la segunda etapa de la RFC. El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que en los próximos días se lanzarán las licitaciones para dos nuevos bloques:
- Tramo Sur–Atlántico–Acceso Sur, de 1.325 kilómetros (RN 3, 205, 206 y las autopistas Riccheri, Newbery y Ezeiza–Cañuelas).
- Tramo Pampa, de 547 kilómetros sobre la RN 5 entre Luján y Santa Rosa.
“Más de 1.800 km pasarán a ser gestionados por el sector privado”, adelantó Caputo en la red social X.
Para facilitar las inversiones, el Gobierno ofreció financiamiento de hasta 56.000 millones de pesos —o el 70% del contrato— bajo esquema UVA+2%, con un año de gracia y hasta seis años para el repago, utilizando un fideicomiso como garantía.
La tercera etapa de la RFC prevé la concesión de otros 4.170 kilómetros divididos en seis tramos, alcanzando un total de 9.342 kilómetros licitados en 16 segmentos. Esta porción equivale al 20% de la red vial nacional, pero concentra el 80% del tránsito del país.
En esta nueva fase también se apunta a transferir a privados varios corredores actualmente administrados por Corredores Viales S.A., firma estatal incluida dentro del listado de ocho empresas sujetas a privatización según la Ley Bases. El Gobierno busca cerrar la compañía una vez que todas sus rutas sean adjudicadas. Según datos oficiales, Corredores Viales tenía 3.307 empleados a junio y terminó el primer semestre con un superávit de $5.200 millones, sin requerir asistencia del Tesoro.
