El Gobierno nacional oficializó la disolución del Fondo Fiduciario Público Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Pro.Cre.Ar), en el marco de un proceso de reorganización estatal. La medida se instrumentó mediante la Resolución 764/2025 del Ministerio de Economía, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, y complementa lo dispuesto en el Decreto 1018/2024, del 12 de noviembre pasado.
La decisión se enmarca en la Ley N° 27.742, que declaró la emergencia pública y facultó al Poder Ejecutivo a intervenir en fondos fiduciarios estatales con el objetivo de reducir el gasto público y mejorar la eficiencia del Estado. Según los considerandos del decreto, el Pro.Cre.Ar se había transformado en una “pesada carga” para las cuentas públicas, con dificultades de fiscalización y ejecución.
Entre los argumentos que sostienen la disolución se destaca que la financiación de viviendas debe ser asumida por la banca comercial, y no por el Estado de forma directa. También se aludió a los resultados de una auditoría de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), que señaló demoras en la entrega de viviendas, falta de habitabilidad, convenios incumplidos y deficiencias en la gestión administrativa.
Créditos vigentes y administración
Aunque el fondo se disuelve, los créditos ya otorgados seguirán vigentes y su gestión pasará a manos del Banco Hipotecario S.A., bajo las mismas condiciones del Contrato de Fideicomiso firmado en 2012. La Dirección Nacional de Normalización Patrimonial será la encargada de supervisar este proceso y administrar las cobranzas.
El banco deberá transferir lo recaudado, luego de deducir gastos y honorarios, a la cuenta del Tesoro Nacional. También podrá vender carteras con rendimiento inferior al 40% y liquidar bienes no afectados a obras vigentes.
El Ministerio de Economía tomará el control de los activos del fondo, regularizará dominios, y podrá transferir inmuebles a provincias, municipios u otros entes públicos. Aquellos inmuebles sin obra activa serán cedidos a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).
Las obligaciones pendientes se cubrirán con las cobranzas o la venta de propiedades, siguiendo el orden de prelación establecido en el contrato original. Las causas judiciales en curso serán atendidas por la Subsecretaría Legal del Ministerio.
Con esta resolución, el Gobierno cierra una etapa del Pro.Cre.Ar, programa lanzado en 2012 como una herramienta de acceso a la vivienda, y continúa con su plan de reordenamiento y achicamiento de la estructura estatal.
