Mediante el Decreto 463/2025 publicado este martes en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional resolvió cerrar tres fondos fiduciarios tras una auditoría que reveló graves falencias en su funcionamiento. Se trata del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR), el Fideicomiso del Fondo Nacional del Manejo del Fuego y el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP).
La medida se ampara en las atribuciones otorgadas al Ejecutivo por la Ley Bases, que habilita la reorganización o eliminación de fondos fiduciarios públicos. Según el informe de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), los tres fondos presentaron un uso deficiente de los recursos, falta de controles adecuados y escasa eficacia en el cumplimiento de sus objetivos.
Con estas nuevas disoluciones, el número total de fondos liquidados por la gestión de Javier Milei asciende a 29.
Irregularidades detectadas
En el caso del FFFIR, creado en 1997 para asistir financieramente a obras de infraestructura nacional y provincial, la SIGEN advirtió serias fallas en la ejecución y recuperación de los préstamos otorgados. También se cuestionó el bajo nivel de uso de los recursos, su inmovilización en plazos fijos que perdieron valor frente a la inflación, y la existencia de una estructura de personal prohibida por ley.
Respecto al Fondo Nacional del Manejo del Fuego, la auditoría reveló la inexistencia de una planificación estratégica, deficiencias en la rendición de cuentas, contrataciones inadecuadas de personal y fallas en los controles. Según el informe, durante 2022 y 2023 se transfirieron al fideicomiso $26.000 millones, de los cuales solo $70 millones fueron destinados efectivamente al objetivo del fondo.
Pese al cierre del fideicomiso, el Gobierno aclaró que la política pública del Sistema Federal de Manejo del Fuego seguirá vigente, y que la recaudación del 3% de las primas de seguros continuará para financiar esa finalidad. Ahora, será el Ministerio de Seguridad quien administre esos recursos.
En cuanto al FONDEP, creado en 2014 bajo la denominación FONDEAR para financiar sectores estratégicos, la SIGEN detectó múltiples problemas: uso ineficaz de los fondos, demoras en el recupero de los préstamos, inversiones mal registradas y una gestión poco eficiente.
Proceso de liquidación y continuidad de obligaciones
El decreto también establece que los fiduciarios seguirán cumpliendo sus responsabilidades mientras se completa el proceso de disolución y liquidación, garantizando la provisión de información y la coordinación necesaria durante la transición.
Desde el Ejecutivo destacaron que estas decisiones buscan fortalecer una gestión pública más eficiente, transparente y orientada al buen uso de los fondos estatales. “Estamos avanzando hacia una administración ágil y con verdadero control sobre las finanzas públicas”, sostuvieron.
