El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció este viernes que el Gobierno presentará una apelación contra el fallo judicial que suspendió por seis meses los efectos del decreto que dispone la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad.
La decisión judicial se conoció el jueves, luego de que el gremio Sevina promoviera una medida cautelar ante la Justicia laboral, que resolvió frenar provisoriamente cualquier avance administrativo vinculado a la eliminación del organismo vial.
La semana pasada, Adorni había anticipado desde Casa Rosada el cierre definitivo de la Dirección Nacional de Vialidad, junto con la Comisión Nacional del Tránsito y Seguridad Vial y la Agencia de Seguridad Vial, a las que calificó como parte del «núcleo de corrupción en la obra pública».
Según lo informado por el Gobierno, las tareas relacionadas con la planificación de infraestructura vial pasarán a la Secretaría de Transporte y otras áreas del Ministerio de Economía. En tanto, el control de las concesiones será responsabilidad de la recientemente creada Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte.
La Dirección Nacional de Vialidad tenía como funciones centrales el diseño, construcción, mantenimiento y fiscalización de rutas en todo el país, con el objetivo de garantizar una red vial segura y eficiente para el transporte de personas y mercancías.
Además de este decreto, el Gobierno también dispuso cambios en la estructura de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), que fue rebautizada como Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos del Transporte.
