Con el respaldo de una mayoría amplia, la Cámara de Diputados aprobó este miércoles un proyecto impulsado por la oposición que declara la Emergencia en Discapacidad a nivel nacional hasta fines de 2026, con posibilidad de extenderse por un año más. La iniciativa fue avalada con 148 votos afirmativos, frente a 71 negativos y tres abstenciones.
La propuesta contempla una recomposición de los valores arancelarios retroactiva al 1 de diciembre de 2023, ajustados a la inflación acumulada desde esa fecha, y dispone la actualización automática del nomenclador de prestaciones y pensiones no contributivas por discapacidad según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Asimismo, establece que el monto de estas pensiones continuará representando el 70% del haber jubilatorio mínimo.
Durante el debate en el recinto, la diputada radical Soledad Carrizo subrayó la necesidad urgente de una reforma integral del sistema de atención a la discapacidad, al sostener que «las personas con discapacidad merecen respuestas concretas y adecuadas a sus necesidades».
Melina Giorgi, legisladora de Democracia para Siempre, advirtió que no se puede sostener el equilibrio fiscal «a costa de recortes en un sector tan vulnerable», y reivindicó los derechos de las personas con discapacidad.
Desde el Frente de Izquierda, Vanina Biasi exigió transformaciones profundas que impacten positivamente en la calidad de vida del colectivo, mientras que Eduardo Valdés, de Unión por la Patria, denunció que los transportistas encargados de trasladar a personas con discapacidad «reciben apenas 500 pesos por kilómetro», lo que obstaculiza su labor diaria.
Valdés también señaló que su compromiso «no es desde la culpa, sino desde el deber de encontrar soluciones», y resaltó la angustia de las familias que temen por el futuro de sus hijos con discapacidad.
En defensa del oficialismo, el libertario Santiago Pauli responsabilizó a la gestión anterior por la situación crítica del sistema, y aseguró que la emergencia «no puede atribuirse al gobierno de Javier Milei». «En 2024 la diferencia entre inflación y aumento fue de 18 puntos, pero en 2023 fue de más de 100 puntos. La emergencia es toda de ustedes», lanzó. Además, acusó al kirchnerismo de haber utilizado fondos destinados a la discapacidad con fines clientelares.
Según un informe elaborado por la Oficina de Presupuesto del Congreso, el costo fiscal derivado del aumento en las pensiones por discapacidad oscila entre los 1,8 y 3,6 billones de pesos, dependiendo del volumen de nuevos beneficiarios, que podría ir desde 493 mil hasta 946 mil personas.
Por otro lado, la actualización de los valores prestacionales frente al desfasaje inflacionario del 2024 implicaría un gasto adicional de 278.323 millones de pesos, y el refuerzo para talleres protegidos de producción se estima en 7.160 millones.
La sanción de esta emergencia había sido solicitada por numerosas organizaciones de todo el país, que desde hace meses se movilizan para exigir al Congreso una ley que garantice la actualización de los aranceles y de las pensiones para personas con discapacidad.
