Causa Vialidad: el juez Gorini pide actualizar el decomiso y apunta a Cristina Kirchner y otros ocho condenados

El juez federal Jorge Gorini solicitó al cuerpo de peritos contables de la Corte Suprema que determine el monto actualizado del decomiso que deberán afrontar los nueve condenados en la causa Vialidad. La base se fijó en 86 000 millones de pesos, cifra que corresponde al perjuicio económico calculado en el expediente y que ahora se ajustará a valores actuales.

Antecedentes del caso

• Maniobra sistemática (2003‑2015): el 86 % de las obras viales financiadas por la Nación en Santa Cruz fue adjudicado al Grupo Austral de Lázaro Báez a través de licitaciones direccionadas, simulación de competencia y pagos privilegiados.
• Condenas ratificadas: semanas atrás la Corte Suprema dejó firme la sentencia a 6 años de prisión para la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Báez, el exsecretario de Obras Públicas José López, el extitular de Vialidad Nacional Nelson Periotti y otros cinco exfuncionarios.
• Daño al Estado: el Tribunal Oral Federal N.º 2 calificó el esquema como “una de las mayores afectaciones al patrimonio estatal” jamás probadas en la justicia argentina.

Cómo se calculó el perjuicio

El monto inicial surge de peritajes sobre cinco obras testigo, entre ellas tres tramos de la Ruta Nacional 3 entre Caleta Olivia y Rada Tilly. Allí se detectaron sobrecostos y colusión empresarial. A ese análisis se añadieron distintos indicadores de sobreprecios y maniobras irregulares para estimar la cifra global.

Próximos pasos

1. Actualización del monto: los peritos de la Corte fijarán la cifra definitiva.
2. Intimación de pago: una vez oficializado el nuevo valor, Gorini dará a los condenados diez días hábiles para cubrir su respectiva porción.
3. Ejecución de bienes: si no cancelan el resarcimiento, se procederá al embargo y subasta de los activos registrados a su nombre.

En paralelo, el fiscal Diego Luciani presentó un informe patrimonial de 40 páginas que detalla propiedades y participaciones societarias de cada condenado, según publicó el portal Nuevo Día de Santa Cruz.

La actualización del decomiso constituye el último paso para materializar la reparación económica al Estado tras una causa que evidenció sobreprecios, direccionamiento de contratos y falta de controles a lo largo de más de una década.