Mientras la Argentina intentaba frenar el fallo que le ordena entregar el control de YPF, un nuevo revés judicial se conoció este martes desde los tribunales de Nueva York. La jueza Loretta Preska dispuso que el país deberá presentar comunicaciones internas, incluyendo mensajes de WhatsApp de actuales y exfuncionarios, entre ellos el ministro de Economía, Luis Caputo, y el exministro Sergio Massa.
La medida fue dictada al mismo tiempo en que el Gobierno argentino ingresaba un recurso ante la Corte de Apelaciones para que se mantenga suspendida la ejecución del fallo que lo obliga a entregar acciones de la petrolera. Según fuentes del caso, el documento oficial advierte que avanzar con esa orden generaría un “daño irreparable” para el Estado argentino y podría derivar en un conflicto diplomático con Estados Unidos.
De acuerdo al especialista Sebastián Maril, quien accedió a la presentación, el argumento central del Gobierno es que el fallo atenta contra la inmunidad soberana de ejecución reconocida a los Estados extranjeros, ya que las acciones están en suelo argentino. Además, el texto sostiene que permitir el embargo perjudicaría directamente a YPF, a sus accionistas y a la ciudadanía.
Mientras tanto, la jueza Preska resolvió avanzar con medidas de “discovery”, es decir, producción de pruebas para una eventual ejecución de la sentencia. Según fuentes cercanas al expediente, se pidió el acceso a comunicaciones del Gobierno vinculadas a YPF y al Banco Central, incluso desde teléfonos personales y cuentas privadas. También se autorizó indagar posibles vínculos de alter ego entre el Estado argentino y empresas públicas como Aerolíneas Argentinas, Banco Nación y ENARSA.
Desde la Casa Rosada cuestionaron la decisión. Voceros del oficialismo señalaron que el país ya colaboró extensamente en el proceso, entregando más de 100 mil documentos a los demandantes, incluso sobre cuentas bancarias en el extranjero. “Los demandantes están usando el discovery como un mecanismo de presión política. Burford Capital, que financia el juicio, lo admite abiertamente ante sus inversores”, indicó una fuente cercana al Gobierno.
Por ahora, el país analiza los pasos legales a seguir, entre ellos apelar esta decisión de discovery que consideran inédita y lesiva para su soberanía.
