La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, respaldó este martes los cambios en la política migratoria anunciados por el Gobierno y advirtió que los extranjeros «van a tener que pagar como en otros países» por los servicios públicos, como salud y educación.
“Las deportaciones se hicieron imposibles. Hay extranjeros que vienen, se operan y se van”, afirmó Bullrich en declaraciones a Radio Rivadavia, al justificar el endurecimiento de los requisitos para obtener residencia permanente y ciudadanía argentina.
La medida se enmarca en un nuevo paquete migratorio presentado este martes por el Gobierno, que apunta a arancelar servicios públicos para ciudadanos extranjeros, además de aplicar mayores restricciones para el ingreso y permanencia en el país.
Cambios claves en la política migratoria
En su habitual conferencia de prensa, el vocero presidencial Manuel Adorni explicó que las nuevas disposiciones incluyen:
- Expulsión inmediata de inmigrantes con condena judicial.
- Rechazo de ingreso para quienes falseen datos.
- Modificaciones en los criterios para obtener la residencia permanente.
- Cobro de aranceles por servicios de salud y educación pública a extranjeros no residentes.
“El sistema actual permite el abuso. Se busca una política migratoria justa, como ocurre en muchas partes del mundo”, sostuvo Adorni.
La decisión oficial generó un amplio debate en redes sociales y sectores políticos, con críticas centradas en el impacto que podría tener sobre migrantes en situación vulnerable y los derechos consagrados en tratados internacionales.
Desde el Gobierno, en cambio, sostienen que se trata de una política que busca ordenar el sistema y proteger los recursos públicos.
