Con la mirada puesta en las elecciones legislativas de octubre, el Gobierno nacional proyecta una serie de iniciativas orientadas a consolidar señales de reactivación económica, un eje que considera central en la agenda política de los próximos meses.
La reciente victoria de La Libertad Avanza en elecciones comunales de un distrito con alto impacto simbólico reavivó el debate interno sobre el rumbo de la coalición oficialista y su vínculo con otros sectores de la centroderecha. En ese contexto, el ministro de Economía, Luis Caputo, recibió un fuerte respaldo durante los festejos, en lo que fue leído como un reconocimiento a su gestión.
Uno de los principales focos de atención del equipo económico es incentivar el uso de dólares no declarados —particularmente aquellos resguardados en cajas de seguridad o en el extranjero— con el objetivo de fortalecer la demanda interna de bienes durables y ampliar la oferta de divisas en el mercado local. La estrategia oficial incluye un nuevo esquema de blanqueo, sin exigencias sobre el origen de los fondos, con el compromiso de no revertir las condiciones fiscales en el futuro.
En paralelo, el Gobierno evalúa reducir los controles antilavado que hoy rigen para bancos, comercios y entidades privadas, como parte de una política de desregulación que apunta a simplificar la operatoria económica. Entre las medidas que están en estudio se encuentra la eliminación de los reportes de operaciones sospechosas (ROS) que deben presentar distintas instituciones ante operaciones que superan ciertos umbrales de gasto.
Desde el Ejecutivo afirman que el objetivo es avanzar hacia una “dolarización endógena”, es decir, una mayor circulación de dólares dentro del sistema formal. Actualmente, se estima que los argentinos atesoran más de 250.000 millones de dólares fuera del circuito financiero.
Analistas del sector financiero consideran que para atraer ese capital será necesario garantizar reglas de juego estables e incentivos fiscales, además de evitar sanciones de organismos internacionales como el GAFI, que supervisan el cumplimiento de normativas contra el lavado de dinero.
En lo inmediato, el desafío para el Gobierno será equilibrar su objetivo de captación de divisas con los estándares internacionales de transparencia financiera, en un escenario todavía condicionado por la volatilidad económica.
