El 17,1% de los adultos argentinos en edad jubilatoria sigue trabajando, y la mayor parte de ellos se concentra entre los 60 y 74 años, de acuerdo con el dosier estadístico más reciente publicado por el INDEC.
Aunque la jubilación es un derecho adquirido, no garantiza condiciones de vida dignas. Muchos adultos mayores continúan en actividad no por deseo, sino por necesidad económica, desigualdad de género o discriminación por edadismo. Otros, en menor proporción, deciden seguir trabajando porque les da placer, mantiene su rutina o les permite sentirse útiles.
En septiembre, 4,5 millones de jubilados cobraron el haber mínimo de $390.214 —con bono incluido—, una cifra que cubre apenas un tercio de la canasta básica estimada por la Defensoría de la Tercera Edad, que en octubre alcanzó $1.514.074.
Los beneficiarios de la Pensión Universal para Adultos Mayores (PUAM) y de pensiones no contributivas enfrentan una situación similar: perciben $326.222 mensuales, con el bono de $70.000 incluido.
Para un adulto mayor promedio, el gasto mensual incluye $402.880 en medicamentos, $348.000 en alimentación y $107.444 en limpieza, sin contar vivienda, cuyo alquiler promedio suma $294.000 adicionales.
Según Statista, la pobreza en la vejez se duplicó en un año, alcanzando al 30% de los jubilados en el primer semestre de 2024. En tanto, la ONG HelpAge International advirtió que el 73% de los adultos mayores vive bajo la línea de pobreza.
En el sistema previsional argentino, el 47% de los 6,12 millones de beneficiarios del SIPA cobra haberes iguales o menores al mínimo; el 17% percibe entre una y dos jubilaciones mínimas; y solo el 36% supera ese umbral.
A esto se suma un escenario de precarización laboral: el 43,2% de la economía es informal, y muchos jubilados reingresan al mercado laboral como monotributistas para poder facturar y sostenerse.
Durante la gestión de Javier Milei, los adultos mayores sufrieron la reducción de la cobertura del 100% en medicamentos del PAMI y un incremento de los costos de servicios y transporte, lo que agravó su situación de vulnerabilidad.
Paralelamente, nuevos proyectos de ley esperan tratamiento en el Congreso: proponen elevar la edad jubilatoria a 70 años para 2030, crear una Prestación Básica Universal (PBU) y una Prestación Proporcional (PP), además de eliminar el requisito de 30 años de aportes.
El sistema actual, diseñado para una época con menor expectativa de vida, enfrenta hoy un desbalance estructural: los argentinos viven en promedio casi 80 años, pero los aportes no alcanzan para sostener a la creciente población jubilada.
A ello se suma una brecha de género persistente: las mujeres perciben en promedio un 27% menos que los varones.
Pese a este panorama, hay quienes eligen seguir: profesionales, docentes y emprendedores que continúan por vocación. Desde el Centro de Cuidado Hirsch explican que “cuando el trabajo es una elección, puede tener efectos positivos en la salud física y emocional, pero cuando se convierte en una obligación para sobrevivir, aparece el desgaste y la angustia”.
En definitiva, el trabajo en la vejez en la Argentina se volvió un síntoma social de la desigualdad previsional: entre la necesidad, la vocación y la falta de garantías, el retiro laboral parece cada vez más un privilegio reservado para pocos.
