El proyecto aprobado en la Cámara alta propone modificar el alcance de las áreas protegidas y otorgar mayor poder a las provincias. La iniciativa aún debe ser tratada por Diputados y ya genera fuerte discusión política, económica y ambiental.
El Senado otorgó media sanción a la reforma de la Ley de Glaciares, lo que significa que el proyecto fue aprobado por una de las dos cámaras del Congreso, aunque todavía no tiene validez legal. Para convertirse en ley deberá ser debatido y aprobado también por la Cámara de Diputados.
La iniciativa modifica aspectos centrales de la normativa sancionada en 2010, considerada una de las principales herramientas de protección ambiental en zonas cordilleranas.
El eje del proyecto apunta a redefinir el alcance de las áreas protegidas.La legislación actual prohíbe actividades extractivas —como minería o explotación hidrocarburífera— tanto sobre glaciares como en amplias zonas periglaciares, consideradas reservas estratégicas de agua.
La reforma introduce tres cambios principales:
– Reducción del área protegida: ya no toda zona periglaciar quedaría automáticamente bajo resguardo, sino únicamente aquellas que demuestren una función hídrica específica.
– Mayor autonomía provincial: las provincias pasarían a tener más facultades para determinar qué territorios proteger y cuáles habilitar para actividades productivas.
– Posible avance de proyectos mineros: redefinir los límites ambientales podría permitir el desarrollo de iniciativas actualmente restringidas.
