El Gobierno Nacional ha puesto en marcha un cambio significativo en la gestión de trámites de la administración pública, implementando el silencio administrativo positivo para ciertos procedimientos.
Esta medida busca agilizar y digitalizar los procesos, permitiendo que la falta de respuesta de la administración dentro del plazo establecido se interprete como una aprobación automática del trámite.
¿Cómo funciona el silencio administrativo positivo?
El Decreto 971/2024, basado en la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549 y la Ley de Bases N° 27.742, establece que la inacción de la administración será interpretada como una aprobación tácita de ciertos trámites. Esto significa que los ciudadanos podrán continuar con su solicitud sin la necesidad de una respuesta explícita por parte de las autoridades.
¿Qué trámites están incluidos y cuáles no?
El sistema de silencio positivo no se aplicará en todos los casos. Las áreas sensibles como salud pública, medio ambiente, servicios públicos y derechos sobre bienes de dominio público se mantienen fuera del alcance de esta medida.
El Decreto 971/2024 se complementa con dos anexos:
- Anexo I: Incluye los trámites exceptuados del silencio positivo, como autorizaciones en áreas sensibles y servicios esenciales.
- Anexo II: Lista los trámites sujetos al silencio positivo, que incluyen desde autorizaciones ambientales hasta registros de datos personales y permisos turísticos.
Implementación y digitalización:
Para asegurar la eficacia del silencio positivo, el Gobierno exige que todos los trámites administrativos, incluidos los de autorización reglada, se gestionen a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD) o sistemas digitales propios de cada entidad.
La implementación del sistema de silencio positivo comenzó el 1 de noviembre de 2024 en las reparticiones de la Administración Pública Central, y se extenderá a los organismos descentralizados a partir del 1 de diciembre de 2024.
¿Qué cambia para los ciudadanos?
Esta medida busca simplificar y agilizar la gestión de trámites, permitiendo a los ciudadanos obtener la aprobación de sus solicitudes de manera más rápida y eficiente.
