El decreto 780/2024, firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de gabinete Guillermo Francos, reglamentó la ley de acceso a la información pública, generando fuertes críticas por limitar el derecho ciudadano a acceder a información de interés público.
El decreto, publicado en el Boletín Oficial junto al veto a la nueva ley de movilidad jubilatoria, define de forma restrictiva el concepto de «información pública», excluyendo datos considerados de «naturaleza privada» y limitando el acceso a documentos internos del gobierno.
La norma establece que la información «privada» de funcionarios y magistrados queda fuera del alcance de la ley, así como las «deliberaciones preparatorias» o «papeles de trabajo», lo que genera preocupación por la opacidad en la toma de decisiones y la posibilidad de que los «aportes del sector privado» influyan en políticas públicas sin control ciudadano.
Organizaciones como el CELS denuncian que el decreto busca «volver al Estado más opaco y menos transparente», mientras que constitucionalistas como Gil Domínguez consideran que atenta contra un derecho fundamental para la democracia.
El Congreso Nacional, a través del bloque de Encuentro Federal, solicitó información al gobierno sobre las razones detrás de la restricción del acceso a la información pública y la consulta a expertos en la materia.
La UCR también se sumó a las críticas, denunciando la contradicción entre el discurso de libertad del gobierno y la limitación del derecho a la información pública.
Desde Casa Rosada, se justificaron argumentando que simplemente se reglamentó una ley que estaba sin reglamentar, y que la anterior normativa estaba «mal hecha».
