Gobernadores avanzan con proyecto propio para distribuir fondos del impuesto a los combustibles y los ATN

Mandatarios provinciales de distintos espacios políticos acordaron este martes impulsar por su cuenta un proyecto de ley que establece una nueva distribución de los fondos recaudados por el Impuesto a los Combustibles Líquidos y los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), sin acuerdo previo con la Casa Rosada.

La decisión se tomó tras una reunión celebrada en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI), en Azopardo 750, donde los gobernadores se encontraron con funcionarios del Gobierno nacional para expresar su preocupación por la caída de la recaudación y el impacto en las finanzas provinciales.

Durante el encuentro, estuvieron presentes el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, quien detalló la situación fiscal y presentó una contrapropuesta, cuyos detalles no fueron dados a conocer. Ambos funcionarios permanecieron cerca de una hora y media y se comprometieron a continuar con las mesas de diálogo.

Sin embargo, tras la retirada de los representantes del Ejecutivo, los gobernadores continuaron la deliberación y resolvieron avanzar con una propuesta legislativa que no cuenta con aval de Nación.

El proyecto busca eliminar los fondos fiduciarios financiados con el Impuesto a los Combustibles Líquidos (Ley 23.966) y que esos recursos sean redistribuidos según las prioridades de cada jurisdicción. Además, propone coparticipar los ATN bajo los criterios de la Ley de Coparticipación Federal (Ley 23.548).

Desde el entorno del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, minimizaron el impacto del desacuerdo, asegurando que no generará un conflicto mayor con las provincias.

El documento difundido por los mandatarios aclara que la iniciativa no comprometerá la sostenibilidad fiscal nacional y busca fortalecer un modelo de federalismo “más justo y equitativo”. En esa línea, el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, sostuvo en redes sociales que los fondos reclamados son “imprescindibles para sostener la salud, la educación, la seguridad, la justicia, la contención social y la obra pública en nuestras jurisdicciones”.