La jueza federal Loretta Preska, con sede en Nueva York, resolvió que el Estado argentino debe entregar el 51% de las acciones de YPF, la principal petrolera estatal, como parte del pago de una deuda superior a USD 16.000 millones en favor de dos fondos de inversión.
La medida fue inmediatamente apelada por el Gobierno nacional, mientras que sectores del kirchnerismo, que promovieron la expropiación de YPF en 2012, denuncian que detrás del fallo hay un intento de los Estados Unidos por acceder a los recursos energéticos del país, en particular al megayacimiento de Vaca Muerta, considerado entre los más importantes del mundo junto con el de Texas.
El caso es inédito en la historia judicial estadounidense. Nunca antes un fallo había ordenado a un país ceder el control accionario de una empresa estratégica estatal, lo que lo convierte en un antecedente de fuerte repercusión internacional. Fuentes del sector energético, citadas por Noticias Argentinas, sostienen que el conflicto trasciende lo jurídico y se transforma en una cuestión de soberanía nacional.
Además, diplomáticos vinculados al oficialismo señalaron que el fallo genera inquietud incluso en el entorno de Donald Trump, ya que compromete a un aliado como Javier Milei, cuyo gobierno mantiene relaciones cercanas con sectores republicanos.
“El impacto de aceptar este fallo sería devastador: la Argentina perdería el control mayoritario de su mayor empresa estatal, la verdadera joya de la corona”, aseguró a NA un exfuncionario del área energética.
Desde el Gobierno confirmaron que, en caso de que Preska no suspenda los efectos del fallo, presentarán una apelación ante un tribunal superior de Estados Unidos. Un elemento favorable en esta etapa, según deslizaron fuentes cercanas a Casa Rosada, es que el Departamento de Justicia de EE.UU. estaría respaldando la posición argentina.
YPF y los antecedentes en la región
El conflicto por YPF se enmarca en una historia regional de nacionalizaciones. Casos similares ocurrieron con Pemex en México y PDVSA en Venezuela, mientras que en Brasil, Petrobras mantiene un modelo mixto bajo control estatal y participación privada.
En Argentina, YPF fue privatizada en los años 90 y luego reestatizada parcialmente en 2012, cuando Cristina Kirchner expropió el 51% de las acciones en manos de Repsol. La operación, impulsada por el entonces ministro de Economía Axel Kicillof, dio origen a la demanda judicial que hoy enfrenta el país.
