El Superior Tribunal de Justicia de Corrientes resolvió por unanimidad rechazar un planteo de nulidad presentado por el Ministerio Público Fiscal en la causa que investiga a cuatro policías de Paso de los Libres, acusados de abuso de autoridad y privación ilegítima de la libertad contra los hermanos Orlando Armando y Ramón Alberto Alves Rubín.
La fiscal Noelia Lena había solicitado la nulidad al considerar que “no se describió adecuadamente el accionar ilícito de los imputados”. Sin embargo, el máximo tribunal provincial entendió que “no existe fundamento concreto para proceder a la nulidad” y dispuso que el expediente continúe en el estado procesal en el que se encuentra. De esta forma, el próximo paso será fijar fecha para el juicio oral, ya que las pruebas ya fueron ofrecidas.
El abogado de los hermanos Alves Rubín, Rodrigo Olivera Mansilla, había objetado la presentación fiscal y recordó que la Cámara de Apelaciones de Mercedes ya había confirmado en septiembre de 2024 los procesamientos de los efectivos implicados.
Los policías Julio Gómez, Gonzalo Salemi, Walter Solan y Jorge García están imputados por los delitos de allanamiento ilegal, privación ilegítima de la libertad con abuso funcional agravada por violencia y amenazas, en concurso real.
El hecho investigado
El caso se remonta al 2 de febrero de 2020, cuando los hermanos Alves Rubín fueron perseguidos por la policía en la costanera de Paso de los Libres y luego interceptados en una vivienda de la calle Yatay al 1500. Según la denuncia, los agentes irrumpieron sin orden judicial, los golpearon, amenazaron y detuvieron de manera irregular, trasladando a Ramón Alberto a la Comisaría 1ª, donde habría sido sometido a más agresiones y tratos humillantes.
El forense constató en la víctima lesiones leves, mientras que a los hermanos se les imputaron inicialmente delitos de resistencia a la autoridad y lesiones, aunque parte de esas acusaciones fueron desestimadas en instancias judiciales posteriores.
Con la decisión del Superior Tribunal, la causa que lleva más de cinco años avanza hacia el debate oral, donde se definirá la responsabilidad de los uniformados acusados.
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