Tras la sentencia de la Corte Suprema que dejó firme la condena contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, en la Casa Rosada anticiparon que, de concretarse una detención, el procedimiento será “respetuoso” y sin exposición pública. “La foto humillante no va a estar”, señaló una fuente oficial a la agencia Noticias Argentinas, en alusión a la imagen del exvicepresidente Amado Boudou esposado y descalzo en pijama, detenido por la Prefectura Naval en 2017.
Desde el entorno presidencial insisten en que el Gobierno no montará un operativo espectacular y que el proceso será “lo más cuidado posible”. En Balcarce 50 reconocen cierto malestar por la situación, pero se limitan a destacar que se trata de una decisión judicial, no política. También se sorprendieron por la actitud de la expresidenta de no incentivar movilizaciones o protestas públicas tras el fallo.
La definición sobre el lugar y las condiciones de detención dependerá del Tribunal Oral Federal N.º 2, presidido por el juez Jorge Gorini, quien estableció que Fernández de Kirchner tiene cinco días hábiles para presentarse en Comodoro Py. Mientras tanto, el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, participa de las conversaciones, aunque la decisión final corresponderá a la Justicia.
La defensa de la exmandataria, encabezada por Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, presentó una solicitud para que la condena se cumpla en su domicilio de la calle San José al 1100, en el barrio porteño de Monserrat. Argumentaron que las condiciones de aislamiento y vigilancia pueden garantizarse allí sin necesidad de una tobillera electrónica, ya que cuenta con custodia permanente.
En declaraciones a Noticias Argentinas, el abogado Gregorio Dalbón subrayó que el Ministerio de Seguridad no tiene competencia en la decisión, y que todo dependerá del TOF2 y de un juez de ejecución penal. “Bullrich no tiene injerencia. Dice que sí porque se está postulando para reemplazar a Milei o a Videla”, afirmó de forma irónica.
Dalbón también informó que presentó una acción ante la Corte Penal Internacional en La Haya y anticipó que se realizará una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El objetivo es apelar a la revisión de la condena con base en el artículo 366 inciso f del Código Procesal Penal Federal y cuestionar la imparcialidad de los jueces de Casación Mariano Borinsky, Diego Barroetaveña y Gustavo Hornos.
La posible detención de una expresidenta, que además fue víctima de un intento de magnicidio, impone condiciones excepcionales y mantiene en vilo tanto a la Justicia como al Gobierno.
