En el marco de una reestructuración más amplia de las fuerzas federales, el Ejecutivo avanzará próximamente con un decreto que modificará las leyes orgánicas de Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), según confirmaron fuentes oficiales. La medida, que se publicará en los próximos días en el Boletín Oficial, busca definir con precisión las competencias de cada fuerza para evitar solapamientos en operativos conjuntos, como los que se registran en las movilizaciones frente al Congreso.
El Ministerio de Seguridad impulsa así una reorganización basada en el modelo estadounidense, donde cada cuerpo cumple una función específica y diferenciada, evitando interferencias operativas. En ese sentido, ya se transformó a la Policía Federal Argentina (PFA) en un cuerpo de investigación similar al FBI, con un Departamento Federal de Investigaciones (DFI) con nuevas atribuciones, incluida la detención preventiva en casos con indicios de delito.
Según pudo saber TN, la reforma establece que la PSA pasará a ser una “policía de transporte”, enfocada exclusivamente en la seguridad de infraestructuras vinculadas al transporte ferroviario, colectivo y aéreo. Se mantendrá su capacidad investigativa y se ampliará su planta de personal para que las fuerzas federales no deban destinar efectivos a los aeropuertos.
En igual sentido, Prefectura continuará siendo responsable de la seguridad en mares, ríos, canales y aguas navegables bajo jurisdicción nacional, incluyendo costas y puertos.
Por su parte, Gendarmería mantendrá su rol en la vigilancia de fronteras, protección de objetivos estratégicos y combate al contrabando, migraciones irregulares e infracciones sanitarias. Además, tendrá facultades para intervenir en situaciones de alteración grave del orden público, especialmente aquellas que superen la capacidad de control policial o adopten formas de guerrilla.
La ministra Patricia Bullrich también buscará redefinir la cantidad de agentes y los sistemas de reclutamiento de cada fuerza para hacer más eficiente la estructura.
El oficialismo prevé acelerar esta reforma antes del 8 de julio, fecha en la que vencen las facultades delegadas que le permiten al Ejecutivo modificar la organización de organismos públicos sin necesidad de consenso parlamentario. Desde Casa Rosada adelantaron que no buscarán renovar estas facultades por vías legislativas ni mediante un decreto de necesidad y urgencia.
