El Gobierno argentino vetó la ley de reforma jubilatoria que establecía un aumento del 8,1% en las pensiones, lo que obligará a la oposición a reunir dos tercios de los votos en ambas cámaras para volver a sancionarla.
El veto fue comunicado al Congreso este lunes, y se basa en argumentos de impacto fiscal y falta de financiamiento. El Gobierno considera que la ley «es manifiestamente violatoria del marco jurídico vigente» al no contemplar el impacto fiscal ni especificar la fuente de financiamiento.
En el decreto de veto, se señala que la aplicación de la ley generaría un gasto adicional de 6 billones de pesos en 2024 y 15 billones de pesos en 2025, lo que equivaldría a un 1,02% y 1,64% del PIB, respectivamente.
El oficialismo ya está trabajando para evitar que la oposición obtenga los dos tercios necesarios para insistir con la ley. Para ello, necesita reunir 86 votos en una sesión con la presencia de los 257 legisladores.
La oposición, por su parte, buscará la insistencia. La presidenta de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, Gabriela Brouwer (UCR), anunció que citará a la comisión para emitir dictamen favorable a la ley. Sin embargo, la Comisión de Presupuesto, liderada por el libertario José Luis Espert, podría dificultar la aprobación.
La oposición no descarta recurrir a un emplazamiento de ambas comisiones, una medida que solo se puede tomar en una sesión del cuerpo legislativo.
