El Gobierno nacional avanza en la elaboración de un proyecto de Ley de Reforma Laboral, que implicaría una modificación integral de la Ley de Contrato de Trabajo y otras normas complementarias. El borrador preliminar apunta a reducir la litigiosidad, promover el empleo formal y actualizar las relaciones laborales según los nuevos modelos productivos.
Uno de los puntos centrales es la creación de un Régimen de Promoción del Empleo Registrado, que permitiría a los empleadores regularizar personal no registrado o registrado de manera deficiente. El esquema contempla condonación de deudas previsionales, multas e intereses, así como la baja del REPSAL, siempre que se blanquee a la totalidad de los trabajadores alcanzados.
El texto también propone centralizar la registración laboral en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y eliminar el capítulo de multas por empleo no registrado. Pese a esto, se mantiene que la falta de registración actuará como presunción favorable al trabajador en casos judiciales.
Otro eje clave es la modificación del régimen indemnizatorio. El borrador redefine la base de cálculo, fija un tope equivalente a tres veces el salario promedio del convenio correspondiente y establece un piso del 67% del salario normal y habitual. Además, habilita a que los convenios colectivos puedan reemplazar la indemnización tradicional por un fondo de cese laboral financiado por empleadores.
En materia de accidentes y enfermedades laborales, introduce cambios al artículo 212, ajustando criterios de reincorporación y estableciendo distintos tipos de indemnizaciones según la incapacidad.
El documento incorpora también un régimen especial para repartidores de plataformas digitales, a quienes clasifica como “trabajadores independientes”. El esquema fija obligaciones fiscales y de seguridad social, pero también derechos, como rechazar pedidos sin causa, o recibir explicaciones ante bloqueos de la aplicación.
En cuanto a procedimientos de crisis y negociación colectiva, se busca reforzar la obligación de negociar de buena fe, aplicar sanciones a quienes obstruyan el proceso y exigir más transparencia en la información que las empresas deben entregar a los sindicatos.
El borrador prevé además una nueva fórmula de actualización de créditos laborales, basada en el IPC más un 3% anual, y límites para causas en trámite, con el fin de evitar indemnizaciones superiores a las que surgirían del nuevo esquema.
También se evalúan incentivos temporales para contratar personal, con reducciones en contribuciones patronales.
El proyecto seguirá siendo trabajado por el Poder Ejecutivo antes de que se defina la versión final que será enviada al Congreso.
