La Cámara de Diputados aprobó la restitución de la Ley de Tierras Rurales, sancionada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y giró al Senado el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La votación se produjo luego de que la oposición lograra eliminar del texto original, en la Cámara alta, el apartado que buscaba derogar esa normativa.
El capítulo que dispone dejar sin efecto la derogación de la Ley de Tierras establecida en el DNU 70/23 obtuvo 239 votos afirmativos, cuatro negativos y seis abstenciones. La medida contó con el respaldo de La Libertad Avanza, Unión por la Patria, la UCR, Provincias Unidas y otros bloques provinciales.
En cambio, el proyecto completo tuvo una aprobación más ajustada: 124 votos a favor, 119 en contra y seis abstenciones. La iniciativa ahora deberá regresar al Senado, que podrá aceptar los cambios introducidos por Diputados o insistir con su versión original con una mayoría de dos tercios.
La restitución de la Ley de Tierras mantiene los límites a la titularidad extranjera de tierras rurales, entre ellos el tope del 30% de extranjerización y las restricciones específicas para zonas de frontera, áreas con recursos hídricos y regiones productivas estratégicas.
Qué establece el proyecto
Además del capítulo sobre tierras rurales, la iniciativa introduce modificaciones en la Ley de Expropiaciones, con restricciones a las facultades estatales para declarar la utilidad pública de inmuebles, y en las normas sobre desalojos, para acelerar los procedimientos judiciales de restitución de propiedades ocupadas de manera irregular.
La discusión expuso diferencias entre el oficialismo y los bloques opositores. Desde La Libertad Avanza, el diputado Santiago Santurio defendió el proyecto al sostener que apunta a garantizar el derecho de propiedad y desalentar las usurpaciones.
Por su parte, el diputado de Unión por la Patria Diego Giuliano cuestionó el cambio de posición del Gobierno respecto de la Ley de Tierras y defendió la posibilidad de establecer límites legales a la propiedad privada en función del interés social.
Desde Provincias Unidas, Martín Lousteau también criticó el giro del oficialismo y vinculó la discusión con el programa de ciudadanía por inversión impulsado por el Gobierno. En la misma línea, legisladores de la Coalición Cívica y del Frente de Izquierda cuestionaron distintos aspectos de la iniciativa y advirtieron sobre sus posibles consecuencias para la soberanía y las facultades del Estado.
La diputada radical Pamela Verasay, en tanto, respaldó el proyecto y llamó a superar la polarización política para avanzar en herramientas legislativas que, según planteó, permitan atender los problemas del país.
Con la aprobación en Diputados, el futuro de la iniciativa queda ahora en manos del Senado, donde se definirá si se mantienen los cambios introducidos por la Cámara baja o si se recupera el texto aprobado originalmente por los senadores.
