El Tribunal Oral Federal N° 2 resolvió extender la prisión domiciliaria de Cristina Fernández de Kirchner, quien continuará cumpliendo en su departamento de San José 1111 la condena de seis años de prisión impuesta en la causa Vialidad.
El juez federal Rodrigo Giménez Uriburu consideró que la exmandataria “ha cumplido adecuadamente” con el deber de permanencia y con las pautas establecidas para las visitas. La decisión se tomó a partir de los informes elaborados por los organismos encargados del seguimiento y control de la prisión domiciliaria.
Los informes sobre el cumplimiento de la medida
La Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal (DCAEP) realizó entrevistas domiciliarias aleatorias durante el último trimestre. Según el informe, Fernández de Kirchner “respondió a los requerimientos formulados con buena predisposición y mantuvo un trato cordial y respetuoso hacia los profesionales intervinientes”.
Durante ese período tuvo una única salida autorizada por la Justicia, para asistir a una consulta médica, que se desarrolló “sin inconvenientes”. En cuanto a las visitas, el organismo señaló que “se ajustaron a los permisos concedidos por el Tribunal”, con una sola demora correspondiente a una visitante que fue posteriormente explicada.
Además, la exmandataria continuó con sus actividades habituales y el sistema de monitoreo electrónico no registró inconvenientes.
El juez también tuvo en cuenta las movilizaciones realizadas frente al domicilio de San José 1111. Según la resolución, no se registraron comportamientos que “hubieran perturbado la tranquilidad del vecindario” ni quejas por parte de los vecinos.
“Fernández de Kirchner ha mantenido, durante el trimestre examinado, una conducta de sujeción al control judicial y de observancia de las condiciones establecidas para la ejecución de la pena bajo la modalidad domiciliaria”, sostuvo Giménez Uriburu.
El inmueble también está alcanzado por el embargo
La extensión de la prisión domiciliaria se conoció después de que el TOF N° 2 confirmara el embargo preventivo de distintos bienes de Cristina Kirchner y de los demás condenados en la causa Vialidad. Entre los inmuebles alcanzados se encuentra el departamento de San José 1111.
La medida busca garantizar un eventual decomiso por un monto cercano a los $685.000 millones, correspondiente al perjuicio económico atribuido al Estado argentino en la causa.
Además, la Cámara Federal de Casación porteña rechazó recursos presentados por Cristina Kirchner y sus hijos, Máximo y Florencia, contra el posible decomiso de inmuebles vinculados a Los Sauces S.A. y Hotesur S.A.
Otros propietarios en el mismo edificio
El departamento ubicado debajo del de la exmandataria también quedó bajo análisis judicial a partir de su adquisición por parte de María Soledad Calle, dirigente de La Cámpora cercana a la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). Ante la Justicia, señaló que lo compró para que funcionara allí una fundación, aunque no brindó mayores precisiones.
A su vez, trascendió que el senador nacional peronista Mariano Recalde es propietario de otro departamento del mismo edificio, ubicado en el primer piso.
