La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) ha comenzado un nuevo plan de lucha en respuesta a los despidos masivos de empleados públicos, que según denuncias del sector, afectaron a más de 11,000 trabajadores durante el fin de semana largo. El líder sindical, Rodolfo Aguiar, ha afirmado que ejercerán derechos constitucionales, incluyendo la huelga, la petición, la reunión y la libertad de expresión.
Este movimiento de protesta implica el ingreso de los trabajadores cesanteados a sus lugares de trabajo, un cese total de actividades y movilizaciones. En respuesta, el presidente Javier Milei ha advertido que «no va a dejar pasar» la toma de edificios, mientras que Aguiar lo responsabiliza por las posibles consecuencias en caso de represión.
El sindicalista enfatizó en una entrevista televisiva que el verdadero delito es gobernar a espaldas del Congreso, contrariamente a la Constitución nacional y perjudicando al pueblo. Esta situación refleja la tensión entre el sindicato y el gobierno en relación con los despidos masivos y las medidas de protesta que se están llevando a cabo.
De todos modos, el Gobierno dispuso un operativo de seguridad para impedir que los estatales despedidos entren a los edificios, ante las amenazas de ATE en rechazo a las cesantías en diversos organismos. El Ejecutivo dispuso un refuerzo del número de efectivos que custodian algunas dependencias del Estado.
