Han pasado 29 años desde que la Fábrica Militar de Armamentos de Río Tercero se convirtió en un infierno, dejando un saldo de siete personas muertas, más de 300 heridos y una ciudad devastada. A pesar de la sentencia judicial que reconoció el atentado como responsable de la tragedia, el reclamo de justicia sigue resonando en la ciudad.
El 3 de noviembre de 1995, a las 8:55, una explosión de dimensiones apocalípticas sacudió la ciudad cordobesa, destruyendo viviendas, automóviles y dejando la zona urbana cubierta de esquirlas y municiones de guerra. La explosión, que dejó alrededor de 20.000 proyectiles esparcidos por la ciudad, se cobró la vida de siete personas ajenas a la fábrica, incluyendo a Romina Torres, Laura Muñoz, Aldo Aguirre, Leonardo Solleveld, Hoder Dalmasso, Elena Rivas de Quiroga y José Varela.
La tragedia provocó la evacuación o autoevacuación de 6.000 habitantes, mientras que un 10% de la población abandonó la ciudad por miedo a nuevas explosiones.
El entonces presidente Carlos Saúl Menem, quien viajó a la ciudad tras la tragedia, minimizó el incidente y lo atribuyó a un accidente. Sin embargo, la Justicia determinó que la explosión fue un atentado para encubrir la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia entre 1991 y 1995.
En 2014, el Tribunal Oral Federal 2 de Córdoba sentenció a cuatro imputados por el delito de «estrago doloso seguido de muerte», entre ellos el ex director de Fabricaciones Militares Edberto González de la Vega, quien recibió una condena de 13 años de prisión.
El propio Menem fue condenado a siete años de prisión por su responsabilidad en el encubrimiento del atentado, pero nunca llegó a pisar una cárcel debido a sus fueros como senador.
A pesar de la sentencia judicial, la impunidad persiste y la memoria de las víctimas sigue viva en Río Tercero. La ciudad no se sumó al duelo nacional decretado por la muerte de Menem en 2021, reflejando el profundo dolor y la frustración por la falta de justicia.
